Cancún, Q. Roo.- El Colectivo “Ni Una Menos Cancún” condenó el allanamiento a la casa de la periodista Lydia Cacho , en Puerto Morelos, el robo de su información y el asesinato de sus dos animales de compañía, hechos ocurridos la tarde del domingo pasado, y exigió a las autoridades dar con los responsables, castigarlos y brindarle a la también defensora de los derechos humanos garantías de seguridad.
A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el colectivo, integrado por académicas, investigadoras y activistas feministas radicadas en Cancún, consideró que el allanamiento del domicilio de Cacho Ribeiro, constituye “un acto organizado por los grupos más peligrosos que siguen gozando de impunidad y protección desde las más altas esferas del poder, esas que ella ha venido denunciando sistemáticamente desde el 2003, en Cancún, Quintana Roo” .
La tarde del domingo pasado, dos sujetos desmantelaron el equipo de seguridad de la casa de la autora de “ Los Demonios del Edén”; cortaron los cables de las cámaras de video y alarmas, envenenaron a sus mascotas, hurgaron en sus objetos personales e íntimos y robaron información periodística “altamente sensible” recopilada por la periodista.
Para el Colectivo Ni Una Menos-Cancún, lo anterior envía un claro mensaje a ella, a los activistas y periodistas por parte de mafias criminales que buscan callar la voz de la sociedad y de la prensa.
“Refrenda también el peligro que corren las y los periodistas y defensorxs de derechos humanos en este país en el que la justicia no se concreta, pues en este caso, pese a contar con órdenes de aprehensión, la autoridad no detiene a los implicados en delitos de lesa humanidad como la trata de personas”, se lee.
En agosto del año pasado, Lydia Cacho obtuvo del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una resolución histórica que reconoce que el gobierno mexicano violentó sus derechos humanos. Le exige la reparación del daño hecho y procesar a los responsables por la tortura a que fue sujeta en diciembre de 2005, cuando fue detenida por policías de Puebla.
La detención fue producto de las acusaciones por difamación y calumnias del empresario textilero Kamel Nacif en contra de la activista, al ligarlo como parte de la red de pornografía y explotación sexual infantil , documentada en el libro “Los Demonios del Edén”.
En la maniobra, intervino indebidamente el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y otros funcionarios de su administración.
Con la resolución de la ONU, México quedó obligado a eliminar de sus códigos penales los delitos de difamación y calumnia, usados como armas del poder político y económico para censurar y castigar a las y los comunicadores.
También a proceder en contra de quienes participaron en el “concierto de autoridades” para castigar a Cacho Ribeiro.
En este año se libraron órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam , por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.
“Exigimos que la autoridad investigue, dé con los culpables de esta intimidante agresión, proteja a la periodista Lydia Cacho y dé garantías a las y los defensores de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo y en México. ‘Ni Una Menos-Cancún’ se pronuncia enérgicamente contra esta amenaza a la periodista, a la Libertad de Expresión, y a la Justicia”, refrendó el Colectivo.
Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) se sumó a la condena por la agresión a Cacho Ribeiro y exhortó a la Fiscalía General de Quintana Roo a realizar una investigación apegada a derecho y respeto a los derechos humanos, para dar con los responsables.
“Este organismo defensor seguirá de cerca dicha investigación y realizará las diligencias necesarias, a fin de que se protejan los derechos humanos de Lydia Cacho, a quien manifestamos nuestra solidaridad”, expresó el organismo presidido por Marco Antonio Toh.
A unos días del allanamiento, ninguna autoridad de gobierno municipal de Puerto Morelos, del estado o ministerial, se ha pronunciado sobre el hecho, ni para condenarlo, informarlo o señalar que está siendo investigado.