Cancún, Q. Roo.- El gobierno de Quintana Roo y el empresariado de Cozumel, principal destino de cruceros de México y el segundo a nivel mundial, después de Miami, intentan que el Senado y el gobierno federal reconsideren las reformas propuestas a la Ley Federal de Derechos que, de aprobarse, se traducirán en el cobro de 42 dólares, equivalentes a 860 pesos, a cruceristas, lo que sacaría del mercado a los puertos mexicanos.
El saque inicial lo dio hace una semana, Michele Paige, CEO de la Caribbean Cruise Association (FCCA), quien dirigió un escrito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La carta establece que el cobro encarecerá en un 213 por ciento el atraque en puertos mexicanos, sacándolos prácticamente de los itinerarios de las navieras.
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) se sumó a esta preocupación y puso en valor el aporte de Quintana Roo, que posee los dos principales puertos de cruceros del país –Cozumel y Mahahual– captando el 57 por ciento del total de cruceros que arriban al territorio.
Tan solo en enero de 2024, Cozumel, una isla de 90 mil habitantes que vive casi al 100 por ciento de los cruceros, concentró el 49.3 por ciento de pasajeros por puerto, de los 15 que existen en el país, resaltó el organismo.
Cozumel es el puerto con más arribos de cruceros en el mundo, después de Miami; generó 341 millones de dólares en derrama en 2023 y casi 300 millones de enero a septiembre del 2024.
De prosperar el cobro, la isla sería tres veces más cara para cruceristas, que otros destinos del Caribe.
La propia gobernadora, “Mara” Lezama, informó que sostuvieron una conversación con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), de la Secretaría de Turismo (Sectur) y del Instituto Nacional de Migración (INM), para exponer el profundo impacto económico que estas reformas tendrían para Cozumel y Mahahual.
A la par también se sostuvo una conversación con la FCCA, industria vista como una aliada para el Caribe Mexicano, que le solicitaron definiciones claras sobre los mecanismos del cobro que, de aprobarse, entrarían en vigor a partir de enero.
“Ellos nos piden (definir) cómo sería el cobro, el proceso del cobro, si se puede postergar algunos meses, entendiendo que muchos de los cruceros son comprados, el viaje, la experiencia, son comprados con mucho tiempo de anticipación. El cuestionamiento es ‘¿cómo pago, a quién pago?’, si ya pagaron.
“En ese sentido estamos poniéndonos de acuerdo, organizándonos y entendemos el tema de la recaudación del gobierno federal, claro que lo entendemos, porque somos siempre aliados y trabajamos de la mano; y también es importante poner los equilibrios y explicar por qué, en un estado en donde la industria más importante es el turismo, en donde no queremos perder competitividad”, indicó.
A pregunta expresa, la titular del Ejecutivo estatal respondió que el posicionamiento de Quintana Roo respecto a estas reformas es muy claro: Entablar un diálogo, enlazar a navieras y gobierno federal, que genere “un equilibrio”, lo cual significa la definición de reglas de operación.
La presidenta del CCE de Cozumel, Carmen Joaquín, advirtió que el dictamen que propone el cobro del Derecho de Visitante sin Permiso para Actividades Remuneradas (DNR) a cruceristas –hasta ahora exentos de ese pago–, desplomaría la competitividad de la isla.
Recordó que la reforma pretende eliminar esa exención –aún vigente– pasando por alto que el pasajero de crucero solamente pasa unas horas en territorio mexicano y está haciendo una escala como parte de su itinerario por diversos puertos en El Caribe, poniendo en riesgo la elección de Cozumel dentro de esas rutas, al encarecer su estadía.
“Pedimos a los senadores, que son los que tienen ahorita el balón en su cancha, que revisen el fundamento de este cobro y presenten las reservas necesarias para tres cosas: Uno, que pueda prorrogarse de forma tal que las navieras puedan hacer una replaneación financiera, porque la mayoría de sus viajes para el 2025 están vendidos (…)
“El otro exhorto es que revisaran que si el cobro se va a hacer, sea proporcional al tiempo que los pasajeros pasan en nuestro país; y el último, para mí más importante como cozumeleña que soy, es que una parte de ese recurso retorne directamente a nuestro municipio, para las obras de infraestructura que permitan un bienestar para la población que lo necesita mucho”, dijo.
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El tiempo de pernocta promedio de un crucerista en Holbox e Mahahual, va de cinco a seis horas, de acuerdo con el titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Bernardo Cueto Riestra.
Con las reformas a la Ley Federal “se pretende cobrar lo mismo a un turista internacional que ingresa al país vía aérea o por carretera, que va a permanecer varios días en el país, que al turista de cruceros que solo se queda escasas ocho horas”, acotó Carmen Joaquín.
Las obras de infraestructura necesarias, mencionadas por Carmen Joaquín, son agua potable, drenaje, la garantía del suministro de energía eléctrica, la repavimentación de calles, escuelas y hospitales, enlistó.
La empresaria remarcó que, sumado al cobro a cruceristas, se han aprobado otros cobros que meten mayor presión al viajero y desalientan su visita a México afectando a destinos como Cozumel.
Citó, entre ellos, el aumento al doble en el cobro por ingresar a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) –Cozumel cuenta con siete– y el aumento de más del 100 por ciento del derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), que cobran los municipios de Quintana Roo para turistas de pernocta.
Dicho derecho pasó del 30 por ciento al 70, aprobado por el Cabildo, que se cobra al turista en los hoteles y estos lo enteran al ayuntamiento, pero se traslada al consumidor final, al elevar el producto turístico.
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