Torreón.— La organización ambiental ProDefensa del Nazas anunció el desistimiento del juicio de amparo promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito que se había interpuesto por la construcción de una planta derivadora en el polígono del Cañón de Fernández, que es parte del proyecto Agua Saludable para La Laguna.
El 15 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso un ultimátum en el que advirtió que el recurso del proyecto sería llevado a otro lado de no quitar el amparo para el 3 de octubre. Ayer, Francisco Valdés Perezgasa informó que llegaron a un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para el ambientalista, este suceso supuso un hecho inédito en la vida pública de la Comarca Lagunera, por la visibilización del tema desde la perspectiva de que el problema principal de la zona, en cuanto al agua, es la sobreexplotación de los acuíferos, así como la ineficiencia y tráfico en el manejo de los recursos superficiales y el líquido urbano, además de la omisión por parte de la autoridad para frenar el problema.
Agregó que ante la posibilidad de que se garanticen las condiciones básicas de protección y conservación del último tramo vivo del río Nazas, se tomó la decisión de desistir del amparo. Aclaró que se llegó a acuerdos que se firmarán en la Universidad Iberoamericana de Torreón.
El documento que se firmará, señaló el presidente de ProDefensa del Nazas, asegurará que, una vez que se cierren las compuertas de la presa Francisco Zarco, continúe el volumen de agua de estiaje que fluye por el cauce del Nazas todos los años, y se garanticen las condiciones mínimas para que ese último tramo vivo del río no se deseque, a la vez que asegura la vida social y económica de los ejidos ribereños que se benefician de estos volúmenes.
También se firmará un acuerdo para que la Conagua contrate un especialista en humedales continentales independiente, para que indique las acciones a realizar y sea vigilante para que el impacto sea mínimo y la restauración sea mayor, pues Valdés Perezgasa afirmó que la manifestación de impacto ambiental del proyecto no contemplaba las acciones de remediación y mitigación en el humedal en donde se construirá la presa derivadora.
Además, se pidió que el Observatorio de Conflicto Socioambientales de la Universidad Iberoamericana intervenga en la vigilancia de la zona.
Otro de los puntos en los que buscan incidir es en el esquema legal para que el Cañón de Fernández deje ser competencia municipal y pase al federal.
Juan José Rojas, asesor jurídico de la asociación, dijo que al hacer un análisis de ecología política, decidieron que tenía que ser una cuestión negociada donde gane la mayoría, la naturaleza y que la población pueda tener agua sana.