Tierra Blanca.- Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones al Gobierno de Oaxaca por el desplazamiento forzado interno de familias triquis, autoridades de Tierra Blanca Copala y la Cedhapi señalaron la falta de responsabilidades para el gobierno federal, mismas que tiene debido a los convenios internacionales que ha suscrito para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
A un año y dos meses de que decenas de familias de la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, en la Mixteca de Oaxaca, fueran desplazadas por conflictos internos, la CNDH dio a conocer las recomendaciones al gobernador Alejandro Murat Hinojosa; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Lorenzo Mejía García y a Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO) , esto luego de no prever la violación a los derechos humanos de las víctimas.
Según el documento, la CNDH da un plazo de tres meses al gobierno de Oaxaca para reparar integralmente el daño a las personas desplazadas de Tierra Blanca Copala. En este mismo periodo el gobierno del estado deberá garantizar el retorno seguro, en paz, y en condiciones de dignidad así como el asentamiento permanente de las personas originarias de la comunidad indígena triqui.
O en su caso, su reasentamiento o indemnización, en los términos planteados en la reparación integral del daño, y envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento; entre otras recomendaciones.
Ante el informe de la CNDH, el Comité de los desplazados de Tierra Blanca lamentó que el organismo de derechos humanos no haya hecho recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), ni a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancias del gobierno federal, como parte de responsables en el proceso de desplazamiento forzado interno, al violar los acuerdos internacionales.
“El gobierno federal también tiene responsabilidad ya que es un proceso de desplazamiento interno, el cual también le compete a la federación, por los distintos tratados internacionales que tienen. Nuestro gobierno federal no debe de quedar exento de responsabilidades”, dijeron integrantes de la autoridad de Tierra Blanca consultados por EL UNIVERSAL.
Agregaron que al dejar fuera al gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las víctimas se encuentran en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
“Lo que está haciendo la CNDH es echar la responsabilidad al estado de Oaxaca y al municipio, aun sabiendo que el gobierno estatal se ha caracterizado por no cumplir las recomendaciones ni las medidas cautelares. No vemos que haya ese respaldo”, insistieron.
Al respecto, consultadas por este medio, víctimas del desplazamiento forzado interno de Tierra Blanca dijeron que las recomendaciones de la CNDH sólo se traducen en un largo camino que no abona a garantizar su retorno.
“Estas recomendaciones, no lo vemos muy esperanzador, para hacerles cumplir tendríamos que tocar otras puertas, para obligar al estado a través de movilizaciones y la presión social”, señalaron.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) coincidió con las autoridades de Tierra Blanca y se pronunció encontra de las recomendaciones de la CNDH por no responsabilizar a las autoridades del gobierno federal.
“Están obligadas por el Derecho Internacional Humanitario en casos de desplazamiento forzado interno de personas y también están obligados a proteger los derechos de las comunidades indígenas, a través del convenio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en la Convención Americana de Derechos Humanos en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la eliminación de todas de discriminación de la mujer y otros tratados internacionales”, detalló la organización en un comunicado.
Las recomendaciones de la CNDH se dieron a conocer este miércoles, pero fueron emitidas desde el pasado 22 de febrero. Las instancias citadas tienen hasta el próximo 14 de marzo para aceptar o no las recomendaciones, de negarse, el Senado de la Replica solicitará una comparecencia a los señalados.
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