La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; al fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, María Beatriz León y José Lindolfo Reyes, por ser omisos en el desplazamiento forzado interno de 2 mil 38 personas.
La recomendación 39/2017 puntualiza que la violencia que padece la entidad, por la presencia del crimen organizado, es la principal causante del fenómeno, y consideró que hubo violaciones a los derechos de personas desplazadas de 2012 a 2015.
El organismo, encabezado por el ómbudsman nacional, Luis Raúl González, acreditó que agentes del Ministerio Público de la entonces PGJE, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes.
“Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación... omitieron protegerlas y vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, acceso a la justicia, libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente”, indicó la CNDH.
Pidió a las autoridades que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, un diagnóstico sobre la situación actual, y un censo que confirme cuántos desplazados hubo en esos municipios de enero a mayo de 2012.