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CNDH emite recomendación por muerte de comunicador

Se violaron derechos humanos de Gustavo Sánchez Cabrera, quien pidió protección, dice

El periodista Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado en junio de 2021, cuando viajaba con su hijo en Santo Domingo Tehuantepec. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.
13/07/2022 |00:12
Redacción
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Oaxaca de Juárez.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 121/2022 a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)]; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo, por las violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por “la falta de debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado”, en agravio del periodista Gustavo Sánchez Cabrera.

El periodista fue asesinado en junio de 2021, cuando viajaba junto con su hijo en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. No obstante, meses antes de la agresión el comunicador había solicitado ser incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “pero los dictámenes para ello se emitieron de forma tardía y limitada”, expone la CNDH.

Según la investigación, la CNDH pudo corroborar omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de al menos 15 servidores públicos. Lo anterior porque la CNDH logró documentar que el periodista sufrió y denunció agresiones, amenazas y ataques previos a su asesinato, ante las cuales solicitó un chaleco antibalas y que se concretara su ingreso al mecanismo de protección, lo cual no sucedió, pese a que los funcionarios contaban con toda la información suficiente.

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Por todo ello, el órgano determinó que existe responsabilidad de los servidores públicos del mecanismo, quienes “omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos, no cumplieron con sus funciones encomendadas (…) a fin de implementar medidas de prevención, protección y atención urgente de la víctima”.

Ante ello, el órgano ordenó al secretario de Gobernación, al gobernador y al fiscal que se proceda a la reparación integral del daño a la familia, que incluye atención sicológica y una compensación justa, además de dar seguimiento a la denuncia, así como la impartición de un curso sobre derechos humanos y medidas de protección y prevención en favor de periodistas.

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