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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH) solicitó al gobierno de Baja California y a la Comisión Nacional de Seguridad reparar el daño, mediante compensación económica y atención psicológica, a un migrante hondureño detenido en Tijuana en 2009 por policías federales y estatales.
Tras realizar una investigación derivada de una queja, el organismo determinó que el agraviado fue privado de su libertad de manera prolongada, sufrió violaciones a su integridad física y estuvo arraigado ilegalmente en instalaciones militares por cinco días acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que acreditó que el Ministerio Público federal cumplimentó “indebidamente” la solicitud de arraigo del migrante de origen garífuna, lo que ocasionó que se encontrara en estado de indefensión e incomunicado.
“También, dicho agente del Ministerio Público, no le mencionó su derecho a la asistencia consular que como extranjero tenía, y fue procesado penalmente por los delitos mencionados, aunado a que a pesar de que su defensora pública solicitó iniciara una investigación por los hechos narrados por su representado, relativos a que sufrió abuso por parte de elementos del Estado, esa autoridad omitió efectuarla”, señaló el organismo.
Por lo anterior, determinó que fueron violados los derechos humanos del migrante a la libertad, a la integridad personal, a la privacidad, al honor, a la protección de datos personales, a la legalidad y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.
Por ello, la dependencia emitió una recomendación dirigida al gobierno de Baja California y a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.
Además de reparar el daño al agraviado, la CNDH solicitó al gobierno de Baja California y a la CNS capacitar en derechos humanos a los elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Federal, para que al detener a personas en flagrancia sean puestas a disposición de la autoridad competente sin demora y no se exponga ni exhiban sus datos.
A la Procuraduría General de la República le solicitó practicar las diligencias en la averiguación previa del caso, para que se integre a la brevedad y colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control de la dependencia.
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