La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador y al fiscal general del estado de Querétaro, así como a los presidentes municipales de Pedro Escobedo, Huimilpan y El Marqués, de esa entidad, por actos de tortura, detenciones arbitrarias y afectaciones ocasionadas contra habitantes de la comunidad de Escolásticas, ocurridas el 13 de junio de 2023.
La CNDH recibió la queja de seis personas quienes refirieron que ese día personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), en compañía de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de policías de los mencionados municipios, detuvieron de forma arbitraria y lesionaron a varias personas, por lo que ante la gravedad de los hechos, la Comisión Nacional determinó investigar lo ocurrido, atraer las quejas presentadas en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, solicitar información a las autoridades involucradas, analizar registros de videos y fotografías tomados el día del operativo y efectuar entrevistas a pobladores.
Aun cuando la FGEQ informó que acudió a las 9:35 horas a esa comunidad con el propósito de cumplimentar dos órdenes de aprehensión y que en ese momento, varias personas se reunieron para exigir, mediante actos de violencia y amenazas de cerrar las vías de comunicación, que no se detuviera a las personas en cuestión, el certificado médico expedido por esa misma dependencia señala que ambas personas fueron presentadas entre las 10:30 y las 11 horas, además de que un funcionario declaró ante la autoridad ministerial que la orden de aprehensión se cumplimentó a las 8:33 horas.
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La CNDH acreditó el uso de la fuerza empleados por las corporaciones estatales y municipales contra los habitantes.
El análisis del material de video y fotografía evidenció, por otro lado, actuaciones irregulares por parte del personal policial de ambos niveles de gobierno, quienes arrojaron piedras y amagaron a los manifestantes con armas de fuego, además de que llevaron a cabo actos constitutivos de violencia de género en agravio de mujeres que participaban en la manifestación y de quienes fueron detenidas en los hechos. A pesar de que las autoridades estatales y municipales argumentaron que iniciaron un diálogo con las personas inconformes, al mismo tiempo solicitaron el apoyo de más efectivos policiales y aun cuando existieran comandos verbales o pláticas entre ambas partes, estos no pueden considerarse como un verdadero diálogo ni que se agotaran medios y técnicas no violentos.
La CNDH reconoció que el operativo pudo obedecer a la liberación de las vialidades ocupadas por las personas manifestantes. Sin embargo, las autoridades que intervinieron no lo informaron de esa manera y pretendieron justificar su realización con la obstaculización del cumplimiento de las órdenes de aprehensión y no adoptaron las medidas necesarias para reducir la tensión y lograr el objetivo de permitir el tránsito en las vías ocupadas.
El organismo también acreditó actos de tortura cometidos contra dos personas; tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a otra más; la detención arbitraria de cuatro personas y violencia en razón de género cometida en agravio de tres personas, que constituyeron atentados a su dignidad, así como graves violaciones a los derechos humanos a la libertad, legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza pública.
La CNDH recomendó a las autoridades señaladas que en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se repare integralmente el daño causado a las personas víctimas; se les otorgue la atención médica y psicológica que requieran, así como ofrecer una disculpa pública a las personas afectadas y a sus familiares.
También se recomendó colaborar en el seguimiento de las investigaciones que se inicien con motivo de las denuncias penales y administrativas que la CNDH presente en contra de las autoridades señaladas, incluyendo la cadena de mando; así como impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos, con énfasis en la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, que servirán para prevenir hechos similares.
ag