Oaxaca de Juárez.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a las autoridades del gobierno de Oaxaca a favor de las comunidades de Tierra Blanca Copala, Yosoyuxi y San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
En ellas, exige a diferentes dependencias del gobierno del estado garantizar los derechos humanos a la vida, integridad personal, patrimonio, seguridad pública y paz social a los habitantes de estas poblaciones de la región Triqui .
Desde el pasado 17 de enero, el retiro de elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional reactivó la violencia en comunidades habitadas por el pueblo Triqui de Oaxaca , en la región Mixteca, particularmente en Tierra Blanca Copala, localidad de la que más de 300 personas fueron desplazadas en los primeros días de este 2021, tras ataques armados de grupos paramilitares y a quienes dichas instancias de seguridad brindaron acompañamiento el pasado 7 de enero para que regresaran a su comunidad.
Organizaciones sociales con presencia en la región han denunciado que desde ese domingo, tras el retiro de los elementos de seguridad, nuevos ataques armados no han cesado y con esa decisión incumplieron la minuta de acuerdo firmada el pasado 11 de enero con la Secretaría General de Gobierno (Segego).
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La CNDH advirtió que si bien es cierto que a principios de enero elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, cuando se retiraron días después eso "provocó que la población quedara en estado de indefensión”. Y reiteró la denuncia de que entre el pasado 17 y 19 de enero se registraron hechos de violencia en estas comunidades que dejaron varias personas lesionadas .
Por ello, las medidas cautelares emitidas por este organismo están dirigidas al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa , y a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero.
También les exige “cumplir con la vigencia del Estado de Derecho, además de privilegiar el diálogo y la concertación que ayuden a restablecer la seguridad y la paz social”.
“Al respecto, la CNDH recuerda a dichas autoridades que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas”.
Adicionalmente, les recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la policía constituye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la seguridad de la población.
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La violencia en esta región se da en un contexto de disputa entre al menos tres organizaciones sociales, quienes se acusan por intentos de homicidio , desplazamiento forzado de familias y la violación a los derechos humanos de los habitantes de la región Triqui.
Este miércoles, la Segego confirmó que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se mantendrán en la zona hasta que la tensión disminuya.
Finalmente, el organismo nacional de derechos humanos demandó un alto a la violencia contra las comunidades indígenas.
apr/lsm