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Cuernavaca, Mor.- Ante la recomendación de la CNDH emitida contra la Fiscalía General del Estado ( FGE ) por violaciones a los derechos humanos del activista social Samir Flores Soberanes y su familia, asesinado en febrero de 2019, el fiscal Uriel Carmona Gándara confirmó que se investiga la actuación de los agentes del Ministerio Público ( MP ) que integraron la carpeta de investigación y si se demuestra que incurrieron en irregularidades serán removidos del cargo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso que entre las irregularidades y omisiones cometidas por los servidores públicos que han impedido el esclarecimiento del caso, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a una persona el homicidio, quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba privado de su libertad por diversos delitos, además de agregar, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
Enterado de la recomendación, el fiscal morelense dijo que la investigación sobre el crimen camina lenta porque se tienen que seguir el proceso, sin embargo, aseguró que no habrá impunidad y próximamente girarán órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales.
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En el homicidio de Samir están involucrados Javier “N” alias “Tamalaco” ahora vinculado a proceso, Salvador “El Chava”, Asael y Juan alias “Juanito”, y el líder de la Central Campesina Cardenista ( CCC ), Humberto Sandoval Zamora quien presuntamente ordenó matar a Samir.
Por su parte la CNDH dirigió la recomendación 103/2022 al fiscal por violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia de Samir, asesinado en el marco de su labor como opositor al proyecto de construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.
La CNDH precisa que en las investigaciones se conoció que días antes de su crimen, Samir había cuestionado al delegado de Bienestar Social, Hugo Erick Flores Cervantes , durante la asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos, ante funcionarios estatales y federales.
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“Sin embargo, y pese a su activismo, las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima”, citó la CDNH y precisó que el testimonio del policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable fue integrado a la carpeta meses después del asesinato de la víctima y sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien ya se encontraba en prisión por otros ilícitos.
Más adelante, la CNDH acusa que a pesar de los requerimientos de colaboración del organismo a diversas autoridades de la Fiscalía Especializada de Homicidios , no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación ni a los testimoniales de los testigos, con el argumento de la secrecía de la investigación o que la CNDH no era parte interesada.
“Del análisis lógico-jurídico del expediente, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal de Morelos en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de la víctima, por lo que es necesario que se continúe con la integración de la carpeta y se tome en cuenta, entre otras líneas de investigación, el antecedente de que la víctima era defensora de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositora al proyecto termoeléctrico”, planteó la CNDH en su recomendación.
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