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Un grupo de afectados por la incautación de mil 500 cajas de seguridad, quienes mantienen un bloqueo de protesta sobre la avenida Xcaret, denunciaron que temen pasar de víctimas a victimarios ante la opinión pública, pues su protesta incomoda a algunos ciudadanos.
La madrugada del pasado 9 de octubre, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aseguró mil 500 cajas de seguridad a la empresa First National Security, como parte de una investigación.
Un grupo de los afectados inició un plantón sobre la avenida que conecta a la ciudad con la zona turística para impedir que las cajas fueran trasladadas fuera de Cancún y en rechazo a la acción del gobierno federal.
El tema generó intensos debates durante el fin de semana entre las personas que mantienen el bloque, quienes la tarde de ayer se reunieron para decidir si se mantienen en el lugar, se mudan al camellón o si levantan las carpas y abren el paso, pues temen pasar de víctimas a victimarios ante la opinión pública.
Además de reprocharles la afectación vial, han sido criticados por el presunto privilegio de no ser molestados por la autoridad municipal, estatal o federal que, en otros casos, ya los hubiera desalojado con la fuerza pública.
También les cuestionan que debido a que poseen “influencias” o son gente “poderosa”, económica o políticamente hablando, han hallado flexibilidad de las autoridades para ser atendidos en sus reclamos.
Gabriela Araico, una de los cientos de ciudadanas afectadas, difiere. “No es una protesta VIP, ni todos los que estamos aquí somos ricos. Y aunque así fuera, nos hemos hecho de un patrimonio con mucho trabajo, somos gente que hemos luchado mucho para tener lo que tenemos”.
En entrevista subrayó que no se trata de si es una manifestación de ricos o de pobres y pidió que no se olvide que la gente que decidió bloquear lo hizo como medida de presión a la autoridad para hacerse escuchar ante una actuación “arbitraria”, que dañó no sólo a las personas objeto de una investigación, que probablemente cometieron un ilícito, sino también a quienes son inocentes.
Gabriela está a punto de jubilarse. Vivió 10 años en Cancún, pero desde hace tres vive en Bacalar. Cada tres meses viaja hacia esta ciudad para guardar en la caja de seguridad que le renta a FNS, el dinero que le depositan en su tarjeta de débito.
Virginia es una de las más de 300 personas que ya se anotaron para que les devuelvan sus pertenencias. La lista será entregada entre lunes y martes a la SEIDO.
Sin embargo, desconfía de la entrega íntegra de sus cosas. “El sexenio se acaba y quieren su bono. No creo en esto. ¿Por qué lo hicieron? “Me hubieran hablado, yo hubiera venido, les abro con mi llave la caja y les hubiera comprobado lo que tengo y ya y se hubieran quedado sólo las cajas de las personas que tienen que temer, pero lo hicieron de una manera arbitraria y eso me enoja mucho”, indicó.
“Allá atrás está lleno de tanquetas y nosotros qué hacemos, somos ciudadanos que venimos por nuestras cosas; yo tengo 20 años con esta caja, 20 años en Cancún. Me vine de la Ciudad de México por los robos, y ahorita me roban de una forma elegante, con guante blanco. Y el gobernador [Carlos Joaquín] no nos está apoyando, Remberto [Estrada, alcalde] tampoco y [Enrique] Peña Nieto tampoco”, reprochó.
Los argumentos verbales de la SEIDO, hasta ahora, se han centrado en la importancia de la investigación iniciada, que sigue la pista a personas probablemente responsables o vinculadas con la comisión de delitos contra la salud y lavado de dinero.
Hasta el momento, pese a que el titular de la institución sostiene que el procedimiento es apegado a Derecho, no se ha exhibido públicamente ningún documento que acredite su actuación, ni ha sido mostrado mandato alguno a los dueños de FNS o a las personas afectadas.
