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A casi un año del arranque del nuevo gobierno en Quintana Roo, la evaluación preliminar de la administración encabezada por el mandatario Carlos Joaquín González es de contrastes, con avances que, a decir del propio Ejecutivo estatal, no se han comunicado con eficacia, además de la existencia de resistencias al interior del gabinete a que la transición se traduzca en verdaderos cambios.
Joaquín González renunció a principios de 2016 a su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ganó la gubernatura ese año, con la bandera de la coalición del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
“Tal vez lo que hace falta es precisamente que puedas sentir ese cambio, esos nuevos cimientos, esa nueva idea de reconstrucción que a lo mejor, y en muchas de las ocasiones, no ha llegado a donde hemos querido”, manifestó en días pasado el Ejecutivo estatal, quien hoy rinde su Primer Informe de Gobierno.
“Lo más importante sería la reconstrucción de los cimientos del estado; recobrar algo de la confianza perdida”, mencionó, respecto a las acciones emprendidas en los últimos 11 meses.
En medio de enormes expectativas, a Carlos Joaquín le votó la ciudadanía, esencialmente, para que castigase los excesos de su antecesor, el priísta Roberto Borge Angulo.
Luego de auditorías y revisiones exhaustivas, a finales de 2016 se presentó un primer paquete de denuncias ante la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República (PGR), que hoy suman 16 en contra de ex funcionarios del borgismo, que en términos generales acusa el probable desempeño irregular de la función pública, peculado, a decir del titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal.
El 4 de junio, Borge fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia Francia, en el aeropuerto de Panamá. Desde entonces permanece preso en el penal de El Renacer, en aquel país, acusado de operaciones con dinero de procedencia ilícita, peculado, desempeño irregular de las funciones y aprovechamiento ilícito del poder y está a la espera de que la cancillería panameña autorice su extradición a México.
Herencia indeseable. Carlos Joaquín González heredó de Borge Angulo un quebranto financiero, la segunda deuda per cápita más alta de México, el abandono de la seguridad, el desvío millonario de recursos destinados a obra pública; el remate de patrimonio territorial y la mano dura que censuró y persiguió a opositores.
En términos financieros, realizó una reestructura de la deuda contratada, que ascendía a 19 mil millones de pesos, con un margen a pagar de 38 mil millones de pesos al 2036. La medida, que sirvió para renegociar el monto de las tasas de interés y el plazo, llevó el adeudo a 54 mil millones de pesos, a pagarse en el 2042.
Aunque este movimiento ha representado una de las primeras y principales críticas al actual gobierno, “reestructurar era inevitable”, afirma James Tobin, integrante del Observatorio Ciudadano, organismo integrado por cámaras empresariales para vigilar el desempeño de la administración joaquinista y del Congreso estatal.
Para el empresario, con la reestructuración se logró “oxigenar” y dar margen de maniobra al gobierno, pues de no haberse tomado esa medida, el gobierno habría colapsado en febrero pasado.
Tobin subraya que el movimiento dará margen de acción al próximo sexenio, durante sus primeros cuatro años, siempre y cuando exista orden en las finanzas.
Sobre la diferencia de los 38 mil millones de pesos que se pagarían en 2036, contra los 54 mil millones que se habrán de liquidar en 2042, el presidente del Observatorio Ciudadano, Eduardo Galaviz, explicó que con la depreciación de la moneda y la devaluación del peso, el valor del dinero disminuirá en el tiempo y prácticamente se pagarán a valor real, entre 40 y 42 mil millones de pesos.
Entrevistado por separado, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara, explicó que la reestructura permitió un ahorro que se traducirá en un aumento de mil 500 millones de pesos para el presupuesto de egresos que se proyecta para el ejercicio fiscal 2018.
“El principal éxito de la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda de Quintana Roo fue que se lograra, en 46 días, a partir del 11 de noviembre de 2016, iniciar el 1 de enero con nuevos números, es decir, tasas de interés a la baja y que por ende nos permite optimizar mil 800 millones de pesos en un año.
Al término del año se pagarán 952 millones de pesos a proveedores, de los mil 800 que se adeudaban por parte del gobierno pasado.
Al respecto, el Observatorio Ciudadano difirió sobre el uso que se está dando a los recursos y agregó que, contrario a la transparencia que el gobierno publicita como uno de los grandes avances, hay datos que siguen en la opacidad.
En términos generales, dio un 6 de calificación al nuevo gobierno y el “beneficio de la duda”, siendo la baja evaluación por el aumento de la inseguridad y de la violencia.
