Cotija.— La operatividad y acoso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha incrementado en el municipio de Cotija, donde se han registrado ataques y amenazas directas contra pobladores y autoridades e, incluso, intentaron tomar control de la policía municipal.
Como consecuencia, la economía en este municipio, colindante con el estado de Jalisco, se ha desplomado.
Hace dos meses esa organización criminal arreció su ofensiva en la cabecera de ese municipio y atacó a los policías locales; dos de ellos murieron.
Hace un mes, el mismo CJNG desarmó a los policías locales y amenazó de muerte a la alcaldesa y funcionarios.
El grupo armado iba acompañado de elementos de la Guardia Civil que viajaban en vehículos oficiales y que fueron parte de ese hecho delictivo.
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La amenaza
El 17 de abril, elementos de la Guardia Civil y hombres armados irrumpieron en la cabecera municipal de Cotija.
Los oficiales iban en camionetas balizadas como patrullas, e, incluso, en un camión blindado, conocido como rinoceronte, también con logotipos oficiales, de acuerdo con testigos.
Los civiles armados iban con ellos y viajaban en camionetas particulares, algunas de ellas de lujo y con las siglas del CJNG.
“Cuando vimos que ingresaron civiles armados junto con patrullas de la Guardia Civil, éstos venían armados; descendieron de los vehículos y nos empezaron a amenazar”, relata uno de los policías municipales que estuvo presente ese día, por lo que pidió el anonimato.
La alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa (PAN) y el director de Seguridad Pública local, Leo Báez, salieron del Palacio Municipal para ver qué sucedía.
Un hombre uniformado encaró a la alcaldesa y le dijo que a partir de ese momento ellos se harían cargo de la Seguridad Pública, por órdenes superiores de la SSP estatal.
El policía relata que un hombre le pasó el teléfono en altavoz a la alcaldesa, se escuchaba claramente que le decían que era de parte del CJNG.
“Y le decían que de inmediato quitara al director de Seguridad Pública municipal y que ellos traían la consigna de poner a otro, para que esté al servicio de ellos”.
Mientras eso pasaba, a los policías municipales les quitaron armas, celulares y radios.
El oficial evoca que les advirtieron que debían irse “o iban a salir con las patas por delante”.
“La verdad, sentimos la amenaza, el miedo, porque éramos pocos compañeros y ellos eran cerca de 60, entre uniformados y civiles armados”, describe.
Enfatiza que los policías de la Guardia Civil no presentaron ningún oficio. “Simplemente, con amenazas nos desarmaron y nos desalojaron del municipio”.
Los policías municipales salieron de Cotija y se refugiaron en ayuntamientos aledaños.
Un día después, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en el que detuvieron a tres hombres que fueron identificados como operadores del CJNG, lo que permitió volver a los policías municipales y recuperar la comandancia de Cotija.
Nombramiento cuestionado
En este contexto, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, se presentó en Cotija para nombrar a un nuevo director municipal de Seguridad Pública, lo que fue considerado ilegal por las autoridades locales.
Señalaron que Ortega hizo el nombramiento sin tener las facultades legales para hacerlo y sin la autorización del Cabildo.
Un tuit del 18 de abril en la cuenta oficial de la SSP Michoacán hizo público el nombramiento: “Tomamos protesta al nuevo director de Seguridad Pública del municipio de Cotija, con la encomienda de velar por el bienestar y patrimonio de las y los pobladores. ¡No bajaremos la guardia!”.
Orlando Omar Nava Badillo asumió como director de SP y Miguel Alejandro López Espino, como subdirector. Ambos tomaron posesión del inmueble, armas y patrullas.
Días después, fueron retirados al no haber un argumento legal que los pudiera mantener en sus encargos.
El diputado federal Francisco Huacus Esquivel (PT) señaló que “es grave que el estado y, sobre todo, las instituciones que guardan la seguridad pública, intervengan violentando el artículo 115 constitucional”.
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“Lo que quiero dejar muy claro es que si los municipios acceden a firmar convenios de colaboración con los estados en materia de seguridad, está inscrito cuáles son las responsabilidades de cada una de las corporaciones municipales o estatales”.
Huacus Esquivel enfatizó que quien queda más expuesta y vulnerable con todo esto que ha ocurrido es la ciudadanía e, incluso, las autoridades locales.
Resaltó la necesidad de que las autoridades estatales investiguen qué fue lo que ocurrió en Cotija, “y, sobre todo, que tengamos certeza de que se va a contar con el apoyo de las instituciones para bien de los ciudadanos y no de los delincuentes”.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, José Alfredo Ortega Reyes, argumentó que quien se presentó como integrante de la Guardia Civil y llegó con el grupo armado fue “una persona que días antes había renunciado a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Cojumatlán de Régules”.
Explicó que la presidenta municipal señaló que ese hombre —cuyo nombre no fue difundido— fue quien llegó acompañado de personas armadas, para posicionarse como director de Seguridad Pública municipal, y que la alcaldesa enfatizó que ella no lo había invitado a desempeñar ese cargo.
La alcaldesa confirmó ayer a EL UNIVERSAL que Leo Báez permanece como director de Seguridad Pública de Cotija.
Las afectaciones
La alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa explicó a EL UNIVERSAL que la violencia ha impactado la actividad económica del municipio hasta en 60%, la cual se soporta principalmente de la producción de aguacate, berries y queso.
“Los camiones, las empresas ya no quieren venir a Cotija porque tienen temor por su seguridad”, señaló.
Y también, “los vecinos y ciudadanos de las diferentes localidades ya no quieren bajar al pueblo a hacer sus compras, porque tienen miedo de transitar por las carreteras”.
Expuso que todo eso causa un gran impacto en la economía del municipio y que últimamente ha escuchado de los comerciantes sobre el desplome en las ventas, por lo que temen por el futuro de municipio.