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El Ayuntamiento de Ciudad Juárez , Chihuahua, aprobó el fin de semana la eliminación del reglamento que regula la ubicación y operación de las gasolineras en la ciudad, con lo que el municipio deja sin efecto la normatividad que protegía los monopolios de la industria de hidrocarburos en dicha ciudad fronteriza.
Ahora, el cabildo de Juárez iniciará el proceso de adaptar la normatividad local a las leyes federales encargadas de la regulación de los hidrocarburos, tal y como lo marca la Ley de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
En Ciudad Juárez, los reglamentos locales evitaban que ingresaran nuevos competidores en el mercado de la venta y distribución de gasolinas, protegiendo el monopolio en la industria y evitando que la empresa Arco operara cinco estaciones de venta de combustible.
En la sesión realizada el 14 de febrero, el cabildo argumentó que la regulación de las gasolineras tiene que ver con tres organismos federales: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la ASEA, que es donde se regulan y tramitan los permisos de operación.
Ahora, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez tendrá que adecuar su normatividad para fomentar la libre competencia entre los agentes económicos que participan en el sector de las gasolineras.
En tanto, en el ayuntamiento de Tijuana ocurre lo contrario. El consejero jurídico municipal, Salvador Gómez Ávila declaró que trabaja en la actualización y endurecimiento del Reglamento de Uso de Suelo para eliminar la moratoria que impide la instalación de gaseras en Tijuana.
Los reglamentos municipales de Tijuana han tejido una protección institucional histórica al monopolio del gas conformado por los grupos Zeta Gas, propiedad de Evangelina Zaragoza y Silza Gas, propiedad de Thomas Zaragoza, evitando que otros competidores como las empresas Energéticos de Baja California, Gas Natural del Noroeste, Blue Propane y Rivera Gas se instalen en la ciudad fronteriza.
Así lo confirma el oficio PLENO OPN-012-2016 de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que hace una recomendación técnica a Gobernadores, alcaldes, a los integrantes de ayuntamientos y legislaturas locales, y que afirma que la excesiva regulación local en materia de hidrocarburos, ha permitido que los monopolios se fortalezcan y mantengan altos precios en los combustibles.
Ese documento indica, por ejemplo, que en varios municipios de Baja California, el cabildo no tiene la facultad de establecer requisitos adicionales a los ya previstos en la regulación federal con relación a las características que deben cumplir los predios donde se ubicarán las estaciones de servicio, y ejemplifica con el Reglamento de zonificación y usos de suelo para estaciones de carburación de Tijuana, que se contrapone con la normatividad federal poniendo los acuerdos del Cabildo por encima de la regulación avalada por la CRE y la ASEA.
La opinión técnica del máximo órgano de competencia económica del país, también refiere que las normatividades locales generan ventajas exclusivas para las estaciones de servicio ya establecidas, lo que pone en evidencia una clara intención de limitar la entrada de nuevos competidores al mercado local, privilegiando la permanencia de las negociaciones ya establecidas, lo cual limita la libre concurrencia.
De acuerdo con datos de la CRE y del Secretario de Economía y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, en la entidad fronteriza existen dos empresas que concentran más del 80% del mercado del gas. Se trata de las empresas Zeta Gas y Silza Gas, propiedad de la familia Zaragoza Fuentes, quienes a lo largo de las décadas, han evitado el ingreso de nuevos competidores en el mercado del gas LP en Baja California.
