A Jessica Terrazas, de 18 años, la encontraron en fragmentos en el Arroyo El Navajo: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.
Desapareció el 20 de diciembre de 2010 y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011), fue encontrada con la misma ropa del día que desapareció: la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas.
Junto a ella, un omóplato extra que resultó ser parte del cuerpo de otra víctima, Yazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense, emitido hasta el 21 de enero del 2014, por las antropólogas Liliana Dorantes Ortega y Mariel Guadalupe Durán Romero.
Otras seis víctimas también fueron encontradas con la misma ropa que traían la última vez que las vieron. Esto pone en duda el argumento expuesto en el juicio oral por la Fiscalía de Género del Estado de Chihuahua, que sostiene que las víctimas fueron retenidas durante meses para ser prostituidas, de acuerdo con el abogado Gustavo Martínez Montoya, quien lleva años analizando el caso.
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Junto a María Guadalupe, otra de las víctimas, se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa y esta prenda presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.
De acuerdo al abogado Martínez Montoya, “ninguno de esos ADN corresponden a los acusados ni sentenciados en el caso”, asegura Martínez Montoya.
En marzo de 2013, María García Reynoso, mamá de Jessica Leticia, una de las mujeres asesinadas, declaró haber visto a cinco personas en el Hotel Verde, el edificio que identificó la Fiscalía como el lugar de prostitución forzada en el que estuvieron las víctimas, de acuerdo con la carpeta de investigación número 2104/2012 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “Juicio Histórico”. Todos fueron detenidos. Pero a principios de 2019 la propia Fiscalía de Chihuahua retiró los cargos contra Rafael Mena, uno de los acusados, por no tener pruebas de que fuera culpable.
Por otra parte, en el “Juicio Histórico”, la testigo protegida identificada como “LEAH”, quien dijo que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó voluntariamente en el Hotel Verde, aseguró haber visto a finales de 2010 y principio de 2011 a cinco de las víctimas localizadas en el Arroyo El Navajo ofreciendo servicios sexuales en ese mismo lugar.
Sin embargo, esto no concuerda porque la testigo estuvo presa en ese periodo, del 21 de marzo 2010 a 15 de marzo de 2011, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cocaína con fines de venta. Se le siguió la causa penal 32/2010-I en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.
A esto se suma el hecho de que al momento de que la Fiscalía identificó al extorsionador Adrián Arturo Roldán de la Cruz como líder del grupo delictivo que supuestamente raptó a las víctimas encontradas en el arroyo El Navajo, él ya había fallecido. Fue asesinado el 23 de abril de 2013.
Otra detención derivada de las investigaciones que realizó María García Reynoso, mamá de la víctima Jessica Leticia Peña, fue la del dueño de “Botas El Caporal”, Víctor Chavira García. El “testigo estrella” dijo que para no pagar la extorsión al grupo delictivo Los Aztecas, Víctor Chavira sometía y entregaba mujeres. A una de las tiendas de Chavira acudió Jessica Leticia en busca de empleo horas antes de que desapareciera.
Desde mediados de 2009, la familia Chavira estaba pagando cuotas a extorsionadores que los amenazaban con matarlos o quemarles los negocios si no accedían; tres personas fueron detenidas como responsables de extorsionarlos.
El 17 de septiembre de 2013, Víctor Chavira sufrió dos paros respiratorios y fue trasladado al Hospital General donde permaneció hasta el primero de octubre de 2013 y se recuperó. Sin embargo, el 2 de enero de 2014 se presentó un tercer paro respiratorio y murió sin ser sentenciado.
Otro acusado, José Gerardo Puentes Alba fue encontrado inocente después de permanecer más de seis años preso y luego de ser sometido a dos juicios orales. La Quinta Sala Penal Regional de Ciudad Juárez revocó el último fallo condenatorio porque el “testigo estrella” dijo haber visto a Brianda, una de las víctimas, sujeta a prostitución dos años antes de que desapareciera; los magistrados señalaron que los jueces fraccionaron la prueba a modo.
A la fecha Jesús Hernández Martínez; Manuel Vital Anguiano; César Félix Romero Esparza; Édgar Regalado Villa, “Piwi”; y José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”, están sentenciados a 697 años y seis meses de cárcel y Pedro Payán Gloria a 430 años de prisión.
De acuerdo al peritaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el conocido “Juicio del Siglo” se desarrolló y juzgó principalmente con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público.
Los cuatro especialistas de la Corte indicaron que en algunos expedientes no se incorporaron elementos de prueba objetivos que sostengan las declaraciones de los testigos.
Un grupo de peritos especializados de la CIDH coincidió en un reporte emitido que en el 2015 entregó a la Fiscalía de Chihuahua, en el que señaló que faltaron pruebas en la investigación y que las líneas de averiguación parten exclusivamente de los testimoniales.
Alfredo Limas Hernández, coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que el denominado “Juicio del Siglo” se realizó con “muchas faltas al debido proceso legal”, y por tanto la sentencia del Tribunal no tiene valor jurídico ni político.
Martínez, abogado que ha seguido el caso desde el inicio, es más duro al analizar todo este proceso. “El caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre”.