Ciudad Hidalgo.— En este municipio, ubicado en el oriente de Michoacán, durante los últimos 10 meses se ha incrementado el número de fallecimientos de personas que padecen insuficiencia renal crónica, al mismo tiempo que han empeorado las condiciones de salud de otros enfermos con el mismo diagnóstico.
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Los enfermos y familiares señalan que todo derivó de la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cerrar la clínica en la que recibían su hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, por lo que ahora deben viajar a Morelia para el tratamiento, lo cual ha deteriorado su salud.
De agosto de 2022 a la fecha han fallecido 17 personas.
“Mi hijo se está muriendo”
Luis Enrique Soto Blancas tiene 30 años de edad. Es originario de la colonia Las Verónicas, ubicada a una hora de la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo.
Desde los 14 años, Luis Enrique padece insuficiencia renal y hasta el año pasado era atendido en una clínica subrogada del IMSS en Ciudad Hidalgo.
Hace un año, en junio de 2022, el IMSS le avisó que en adelante sus hemodiálisis serían en la ciudad de Morelia, a tres horas de distancia.
Por orden médica se debe someter a tres sesiones de hemodiálisis a la semana, lo que no es viable para Luis y su familia por la distancia y el costo de los tras-lados, por lo que sólo acude una o dos veces.
Hermelinda Blancas Pérez, madre de Luis, explica que, a pesar de los esfuerzos que hace su esposo, el dinero no les alcanza para cumplir con las citas.
Explicó que los gastos de cada viaje son de casi 2 mil 200 pesos, además del riesgo de viajar en autobús con su hijo enfermo.
“Con trabajo lo puedo llevar dos veces [a la semana], pero al final del día veo que mi hijo se está muriendo cada vez más rápido”, lamenta.
Luis relata que cuando puede ir a la cita salen de su casa muy temprano, desde las 7:00 horas, y regresan 12 horas después, porque el tratamiento dura entre tres y cinco horas, y muchas veces ese día no alcanza ni a comer.
Platica que a consecuencia de esta situación ha perdido la vista, su deficiencia renal ha aumentado y, por consecuencia, su cuerpo se ha atrofiado, lo que hace que tenga miedo de que algo le pueda pasar en el viaje de autobús, que dura hasta tres horas.
Sobre el cierre de la clínica subrogada, señala que el IMSS les dijo que “no había suficientes recursos y que la clínica estaba en mal estado”.
Critica que no les preguntaron si tenían la posibilidad de pagar los traslados a Morelia.
“Yo siento que el Seguro está jugando con nuestras vidas, porque nos traen de una clínica a otra. Ya en el último año, van tres veces que nos brincan de clínica”, explica Luis.
“Se fue complicando la enfermedad”
María Guadalupe Merlos Gutiérrez es hija de Froylán Merlos Medina, quien a raíz de no poder acudir a sus hemodiálisis ya perdió la vista, sufrió la amputación de una pierna y también le fue diagnosticada osteoporosis.
“Mi papá estaba más o menos, pero a raíz del cambio y de que no comen como debe ser, el viaje y todo lo que implica, se le fue complicando la enfermedad”, señala.
La familia de Froylán Merlos tampoco tiene los medios suficientes para solventar los traslados hasta Morelia que, aseguran, les salen hasta en 2 mil 500 pesos por viaje, porque es complicado mover a su papá en su silla de ruedas.
Expuso que se encuentran muy endeudados y ya no tienen manera de pedir más dinero prestado, situación en la que están otras familias con el mismo problema.
La situación legal
Isela Carrillo Cordero tiene 34 años y también padece insuficiencia renal crónica. Ella es la representante de los pacientes en este municipio.
Son 60 los enfermos en Ciudad Hidalgo y decidieron unirse e iniciar un juicio de amparo en contra del IMSS.
Isela explica que todos los pacientes son de escasos recursos económicos y no cuentan con ningún apoyo para traslados.
Señala que su objetivo es evitar que se deteriore más el estado de los enfermos y evitar muertes.
El juicio de amparo indirecto colectivo es llevado por el abogado Manuel Pérez Piña, apoyado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana.
El abogado explicó que el juicio fue promovido en agosto del año pasado por peligro a la salud y a la vida de 69 pacientes.
Expuso que el juez federal determinó en una primera resolución que sí había una transgresión al derecho de la salud y de la vida, y ordenó que el IMSS debía regresar a los pacientes a hemodiálisis a Ciudad Hidalgo.
El IMSS incumplió el mandato del juez, por lo que el abogado promovió un recurso en el que solicitan la destitución de funcionarios responsables por desacato.
Sin embargo, el mismo juez determinó no sancionar a los funcionarios y además amplió en varias ocasiones el término para que el IMSS justificara su incumplimiento.
De acuerdo con los documentos, el IMSS se negó a cumplir con el argumento de que en Ciudad Hidalgo no había clínicas equipadas para hemodiálisis.
El juez de Distrito determinó, contrariamente a su primera resolución, que por ser el lugar “más cerca”, las personas enfermas tenían que seguir su tratamiento en Morelia, a pesar de que su resolución inicial fue que se atendiera a los pacientes nuevamente en Ciudad Hidalgo para garantizarles el derecho a la salud y a la vida.
Tanto los pacientes como el abogado piden al juez Segundo de Distrito que haga valer los derechos a la salud y a la vida de los pacientes afectados.
EL UNIVERSAL pidió la versión del IMSS, pero la institución no ha respondido ni ha fijado una postura al respecto.