El Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún (CIAM) se pronunció en contra de la suspensión de la convocatoria para otorgar los recursos a organizaciones civiles que operan refugios que brindan atención a mujeres víctimas de violencia extrema en México .
La medida, estipulada por el gobierno de la República, implica un “ grave retroceso ”, que vulnera derechos humanos y pone en riesgo la vida de miles de niñas, niños y mujeres en el país, afirmó la directora ejecutiva de dicha organización civil, Paola Olvera Feregrino.
“Es muy grave porque los refugios son el único espacio que tienen miles de mujeres, sus hijas e hijos, para sobrevivir, reponerse del ciclo de violencia, recibir atención integral y acceder a una vida digna.
“Este tipo de refugios son un faro, una única posibilidad de seguir con vida. La decisión representa un grave retroceso; vulnera los derechos humanos y lastima los logros alcanzados por las mujeres y por las organizaciones de la sociedad civil para lograr una vida libre de violencia”, subrayó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista indicó que el Estado Mexicano se encuentra obligado a destinar recursos para la operación de refugios , como una política pública impulsada por las organizaciones civiles.
Consideró que de haber irregularidades o manejos dudosos en la operación de algunos de esos centros o en el destino de los recursos recibidos, el gobierno tendría que auditar, investigar y perfeccionar los mecanismos de control, echando mano de los modelos nacionales e internacionales existentes para corregir, “mas no para cortar de tajo con un recurso sin el cual, muchos refugios cerrarán”.
El 90% de los 60 refugios operados por organizaciones civiles en 25 entidades federativas, recibe el subsidio del gobierno federal, y 70% de sus presupuestos se nutren de esos recursos.
Olvera Feregrino recordó que los refugios operados por organizaciones civiles fueron una respuesta ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno, para hacer frente a la violencia feminicida y la protección de las mujeres.
“Lo ideal sería que los refugios fueran construidos y operados por el gobierno; el problema es que no sucede así y en los casos en que sí, no trabajan bajo un enfoque de derechos humanos , no tienen modelos alineados a la Perspectiva de Género , aunque lo plasmen en un papel.
“Los refugios gubernamentales carecen de gente especializada y capacitada; hemos visto que muchos de ellos responden a otros intereses, muchas veces políticos; son afectados por los cambios de gobierno, no hay una continuidad y carecen de la seguridad necesaria. Tener un refugio de alta seguridad no es sólo tener techo, comida y una psicóloga, se requiere de todo un modelo integral”, enfatizó.
Si bien desde hace siete años el CIAM dejó de recibir fondos federales y funge como un centro de educación para la paz, bajo un enfoque laico, de derechos humanos y con perspectiva de género, durante una década operó -en Cancún- el único refugio para víctimas de violencia extrema en la Península de Yucatán.
Fundado en el 2001 por la periodista Lydia Cacho, el refugio del CIAM brindó atención legal, psicológica, física y emocional a mujeres, hijas e hijos -cuya vida peligraba- provenientes de toda la región y de contextos altamente violentos.
Su funcionamiento estaba alineado a protocolos y atención especializada, auditado por la Sedesol, el Indesol, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación.
El 5 de enero del 2012, Cacho anunció el cierre del refugio de máxima seguridad, por el recorte presupuestal instruido por el gobierno federal a las organizaciones civiles, además del recorte de recursos estatales, ordenado por el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge .
Otro factor coyuntural, fue la carencia de condiciones de seguridad por parte de la autoridad, para que el sitio pudiese seguir operando en la ciudad, luego de recibir ataques de personajes ligados al crimen organizado.
Aunque el refugio cerró, la organización se mantuvo como un centro de educación para la paz y la resolución de conflictos, a través de modelos especializados que buscan la transformación de las personas y prevenir la violencia en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Desde la desaparición del refugio, no ha habido otro en el estado que atienda la problemática. Existe un espacio en Chetumal, en el sur de la entidad, pese a que el más alto grado de violencia se padece en la zona norte.
Paola Olvera mencionó que pese a los intentos por construir un nuevo refugio en Cancún, ni siquiera con la declaratoria de Alerta de Género ha habido respuesta por parte de los gobiernos locales.
“No hay ni una casa de transición, ni un lugar seguro a donde puedan llevar a una mujer cuya vida peligra”, añadió.