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Cuernavaca.— Mientras el delegado federal en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes declaró que la actividad periodística de Samir Flores Soberanes como conductor de radio comunitaria es una de las líneas de investigación más sólidas para esclarecer su asesinato, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, señaló a la delincuencia organizada como el autor material del crimen perpetrado el 20 de febrero.
Por separado, ambos funcionarios expusieron diferentes causas que se siguen por el asesinato. Primero, Flores Cervantes lamentó la opacidad de la Fiscalía General del Estado para informar sobre los avances en las investigaciones del homicidio, registrado la víspera de la consulta para el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla y de la cual era férreo opositor.
Por su lado, el fiscal refutó lo anterior y advirtió que “cada quien debe hacerse responsable de sus dichos”, en torno a las declaraciones vertidas por Flores Cervantes y recalcó que la institución a su cargo trabaja todas las posibilidades.
“Los indicios apuntan a la delincuencia organizada, donde Samir no es más que la víctima”, sostuvo.
De manera extraoficial se conoció que Samir —quien fundó la Radio Comunitaria Amiltzinko, en Amilcingo en Temoac—, denunció actividades de la delincuencia organizada a través de sus micrófonos, lo que presuntamente derivó en el ataque a balazos afuera de su domicilio.
Desde los primeros días, el fiscal general sostuvo que detrás del crimen estaba la delincuencia organizada, pero luego de la presión social ejercida ante la proximidad de la consulta sobre la termoeléctrica, divulgó el seguimiento de seis líneas de investigación. La línea de la actividad periodística de Samir la dejó hasta el último.
En esa conferencia de prensa, en palacio de Gobierno, Carmona Gándara expresó que la Policía de Investigación Criminal investigaba las acciones de un grupo ciudadano que, a su decir, está a favor de la planta de energía, pero también consideró como línea de indagación la labor informativa de Samir en la radio comunitaria.
Es posible, subrayó el fiscal general, que se quiso frenar esta actividad debido al impacto social que tenía en varios municipios de la zona oriente.
