El asesinato de los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García provocó una disputa entre la Fiscalía General de Guerrero (FGE) y la Iglesia católica y recordó a los guerrerenses que en los últimos años la muerte se ha mantenido cerca de los curas: en nueve años siete fueron asesinados.
Este miércoles, la diócesis replicó a la fiscalía y le pidió que no dé declaraciones basadas en “supuestos” porque dañan la reputación de Germaín Muñiz. Ello, luego de que el titular de la dependencia, Javier Olea Peláez, dijo que a los curas los mataron por una riña en el jaripeo y porque a Germaín Muñiz lo ubicaron como integrante de un grupo delictivo, por fotografías que publicó en sus redes sociales hace tiempo.
La Iglesia exigió que la investigación sea objetiva, verídica y apegada a derecho y a la verdad. Sobre las imágenes donde aparece el sacerdote con armas largas, el vocero de la diócesis, Benito Cuenca Mayo, admitió que fue una imprudencia, pero descartó que estuviera involucrado con un grupo delictivo.
“Germaín nunca estuvo vinculado a ningún grupo delictivo. Tenía conocimiento por su trabajo pastoral de la operación de grupos en esa zona, al ser párroco y persona pública tenía que desplazarse por la zona donde estaban asentados esos grupos”.
Este tema también ha puesto en choque a la diócesis y al gobierno local. Desde que ocupa el cargo, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, mantiene su postura: que se establezca un diálogo con criminales para lograr la paz.
Mientras que el gobierno ha descalificado la propuesta. Incluso, el obispo ha revelado reuniones con líderes criminales para que a sus curas les permitan entrar a la comunidad, sobre todo de la Sierra, y no sean atacados.
Peligro inminente. En Guerrero, los sacerdotes corren riesgo. En diciembre de 2017, Rangel Mendoza fue nombrado administrador de la Diócesis de Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente. La razón: el obispo de ese lugar, Maximino Martínez, fue cambiado por las constantes amenazas que recibía del crimen organizado. En 2016, hombres armados le quitaron su camioneta.
En la Diócesis de Ciudad Altamirano han sido asesinados cuatro sacerdotes. En 2009 el cura Habacuc Hernández Benítez fue asesinado a tiros. En 2013, Joel Román Salazar murió en un accidente automovilístico; sin embargo, hay sospechas de que el incidente fue provocado.
En 2014 mataron a los sacerdotes Ascensión Acuña Orozco y Gregorio López Gorostieta. El primero fue secuestrado y dos días después apareció muerto en el municipio de San Miguel Totolapan. El segundo, el 22 de diciembre, hombres armados entraron al templo donde se encontraba y se lo llevaron; tres días después, en Navidad, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza.
El 30 abril de 2014, en Chilapa fue secuestrado el sacerdote africano John Ssenyondo; seis meses después hallaron sus restos en una fosa clandestina en Iguala.