Chilapa. Esta es la historia de terror de una ciudad blindada por policías y militares .
Son las 9:30 de la noche, estamos parados justo en la esquina de la avenida Constitución y la calle Andraca, donde está la majestuosa catedral, en pleno centro . Estamos solos, aquí no pasa nada. Las calles están desoladas, oscuras. Esperamos media hora y nos retiramos sin ver pasar un taxi, un carro, una moto, o alguna persona.
Decidimos ir a cenar, tomar algo para después regresar al hotel a dormir. Nos acercamos a un restaurante-bar en la siguiente cuadra. En el lugar se escucha música a un nivel bajo y el murmullo de la clientela. La puerta está cerrada. Desde afuera les hacemos señas de que queremos comer algo; uno de los trabajadores abre el candado de la primer puerta, pero cuando no logra identificarnos se detiene y vuelve a cerrar la puerta; desde adentro nos niega el servicio.
Regresamos al hotel. Pasamos por el zócalo, está vacío . En el centro de Chilapa esa noche solo están imperturbables los dos taqueros más conocidos, Don Toño y El Cuñado. Todo lo demás está cerrado, las farmacias, los cafés, las tiendas de ropa, los centros comerciales.
Llegamos al hotel y subimos al restaurante. Ya no hay servicio, el encargado nos dice que lo cierran temprano, porque desde la 8 de la noche la clientela comienza a desaparecer. “No tiene caso tener abierto si no llega la gente”, dice sin dejar de acomodar las cosas con la intensión de irse lo más pronto.
Las noches desoladas en Chilapa no son casuales. Están invadidas de miedo, de terror. Apunta de balas, de muertes, de desapariciones han empujado a los pobladores al encierro , al silencio voluntario.
El miedo se percibe, se ve, se vive.
Ahora muchas de las casas que aún mantenían sus ventanales amplios pegados a las calles los han parchado con muros. Las bodas, los 15 años se celebran por el día, nunca por la noche. Las crisis nerviosas van en aumento.
“Yo trato que la violencia no me afecte, pero en Chilapa el entorno te envuelve: ¿a qué vas al zócalo si no hay nadie?”, reflexiona un hombre, que por seguridad evitar dar su nombre.
“En mi familia tratamos de que nuestra vida continúe, que la violencia no nos aterrorice
, pero aún así ya no te sientes con la libertad de antes de caminar por las calles. Ahora te limitas por las balaceras, por la soledad y, hasta por la presencia de los militares que te revisan aunque vayas con niños”, dice con un tono que mezcla la resistencia y el temor.
En Chilapa
se vive un miedo colectivo: a las 8 de la noche comienza el encierro de forma casi, casi sincronizada. Poco a poco desaparecen las combis de transporte público y los taxis. Los negocios cierran las cortinas. Los comerciantes ambulantes recogen sus puestos y se van y, los pobladores se apresuran a llegar a sus hogares.
De vez en cuando —cada vez más seguido— las ráfagas de las armas apresuran el encierro. Un mensaje difundido por las redes sociales advirtiendo un enfrentamiento o simplemente pidiendo que se guarden, es suficiente. En Chilapa en los últimos años cualquier advertencia se toma enserio. Acá las advertencia, sobre todo las de muerte, se cumplen.
Permiso para matar.
Desde hace unos cuatro años Chilapa cayó en un pozo sin fondo. Los capítulos de terror son bastantes y diversos. Acá igual matan a niños que ancianos, a propios y a extraños. A ricos y a pobres, a políticos y a ciudadanos de a pie. A transportistas, a profesores, a sacerdotes, a estudiantes, a meseros, a artesanos, a albañiles, a indígenas y a mestizos. En Chilapa la violencia no discrimina, no se detiene; pareciera que hay permiso para matar.
En estos cuatro años la muerte y los militares y policías han cohabitado sin estorbo. Desde 2014 se han implemento por lo menos seis operativos. Uno, como nunca antes visto en otro municipio del país: en enero de 2016 llegaron 3 mil 500 soldados y 250 agentes estatales y federales para vigilar un lugar de 130 mil habitantes.
La presencia militar y policíaca no ha inhibido la violencia, sino todo lo contrario, va en aumento. Eso dicen las cifras oficiales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en 2012, uno de los años más violentos de México, en Chilapa 29 asesinatos. Al siguiente año, 46. En 2014, cuando Los Ardillos y Los Rojos comenzaron su disputa, 55 homicidios dolosos. En 2015 fueron 82; en 2016, 85 y, en 2017 la cifra se desbordó: 177 asesinatos.
En cinco años en Chilapa las muertes aumentaron en un 600 por ciento, sí, en un 600 por ciento. Tan solo de 2016 a 2017 el número de homicidios dolosos incrementó un 108 por ciento. En ese periodo ningún lugar en México aumentó tanto como en Chilapa, ni siquiera Tecomán, en Colima, el municipio con el promedio más alto en muertes en 2017.
En Chilapa se ha hecho casi de todo y todo ha fracasado. Por ejemplo el gobierno federal lo incluyó en la estrategia para atender a los 50 municipios más violentos del país. La organización México Evalúa revisó la estrategia. Analizó ocho meses antes y ocho después de la aplicación de la estrategia este es el resultado: Chilapa comenzó en el lugar 19 y terminó en cuarto, subió 15 puestos.
Apenas el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz publicó un informe sobre violencia. Chilapa ocupó el segundo promedio a nivel nacional: 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, superior al de Acapulco que es de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Civiles, carne de cañon. En Chilapa por lo menos 500 soldados y casi un centenar de policías estatales están vigilando las entradas, salidas y haciendo recorridos dentro de la ciudad. En muchos de los barrios hay retenes. En medio de esa ocupación, Los Rojos y Los Ardillos, operaran. Por ejemplo, en febrero del centro de la ciudad llevaron a siete personas, entre ellos a los cinco artesanos veracruzanos, sin que nadie se los impidiera. Días después aparecieron desmembrados en una colonia de la periferia. Como este caso han ocurrido muchos más.
“Hay una complicidad tacita entre las autoridades y los grupos, no tengo otra explicación o ¿cómo es posible que en un vehículo puedan trasladar 15 o más bolsas con restos humanos habiendo tanto reten?”, dice el director de Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares.
Para Olivares la disputa entre estas bandas ha puesto a la población civil en medio del fuego. En este momento en Chilapa, dice el defensor, un desconocido es un candidato claro para morir, como pudo ocurrir con los artesanos de Veracruz.
Olivares afirma que el 50 por ciento de las personas asesinadas son inocentes, que no tenían nada qué ver con estas bandas.
La violencia, dice Olivares, está provocando un fenómeno que está impactando directamente en los civiles, en las familias: el desplazamiento y el reclutamiento forzada. A su oficina, cuenta, han llegado familias pidiendo ayuda después de salir huyendo de sus pueblos.
“Muchas familias nos comentaron que llegan los grupos de delincuencia a sus pueblos y les piden entre comillas a una de sus hijas o hijos. Sabemos de desapariciones de jóvenes que no tenían que ver en las actividades delincuenciales, eso es un reclutamiento forzoso”, explica.
—¿Con qué propósito?
—Para contar con gente que pueda cumplir con funciones de sicarios o para el trabajo en el campo: la cosecha, recolección, procesamiento y traslado de drogas.
En el trabajo que está realizando el Centro Morelos ha identificado una espeluznante tendencia: “Cuando los enfrentamientos se recrudecen, se recrudece la desaparición. Existe una relación muy clara en este sentido. Ellos requieren gente para renovar sus fuerzas.
Otro efecto es desplazamiento, uno visibles y otro silencioso. Durante el año pasado en distintas comunidades cientos de pobladores dejaron sus casas a la mínima amenaza, como el caso de las localidades de Ahuihuiyuco, Tetitlán de la lima y Tepozcuatla que el año pasado 800 familias los abandonaron.
En cambio en la cabecera municipal se vive un éxodo silencioso: poco a poco familias van abandonado sus casas, los comerciantes han dejado sus negocios y otra parte de la población su presencia es intermitente. Las razón de este éxodo son obvias, una amenaza, un asesinato, una desaparición, impulsa a cualquiera a salir.
“Esta violencia está pegando en lo anímico, muchos como padres de familia están prefiriendo que sus hijos estén fuera, todos quisieran salir, pero no todos pueden”, dice Olivares.
Todo lo anterior es lo que se logra ver. Olivares afirma que hay una cifra negra de todo lo que está ocurriendo. Por un lado, explica, las bandas están intimidando a administradores de páginas de Facebook donde se informa de lo va sucediendo y a la prensa local cada vez tiene un margen más reducido para informar. Por otro lada, dice el defensor, las autoridades no informan de nada para entender lo que está pasando.
Todo pende de un tiro. La violencia ha marcado el ritmo de la vida de los habitantes de Chilapa. Todo pende de un tiro. Cuando se da un asesinato, una desaparición, una balacera, todos reaccionan: los padres de inmediato corren por sus hijos a las escuela, los transportistas suspenden las corridas, el comercio cierra.
En estos tres aspectos está la mayor afectación. En 2017 se vivieron momentos extremos. Por casi tres meses más de 60 mil estudiantes se quedaron sin clases por amenazas de las bandas; choferes de las urvan, así como los taxistas han sido uno de los blancos predilectos y el comercio siempre sufre los efectos de las afectaciones de las dos anteriores.
El 15 de mayo, en Guerrero comienzan las campaña para los ayuntamientos, en Chilapa la violencia ya hizo lo suyo: en febrero fueron asesinadas dos precandidatas a diputadas locales, Antonia Jaimes, del PRD y Dulce Rebajas del PRI. Una pregunta queda en el aire: ¿los candidatos podrán hacer campaña?