Ciudad de México.— La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas suspendió temporalmente a los elementos que el pasado 5 de septiembre participaron en un enfrentamiento registrado en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ocho personas perdieron la vida.
En un inicio se informó que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Estatal; sin embargo, el titular del Comité de Derechos Humanos, Raymundo Ramos, afirmó que fue una ejecución extrajudicial.
Aseguró contar con testimonios de testigos, familiares de las víctimas y el chofer de una grúa, así como con un video de los hechos que prueban que los abatidos no eran parte del Cártel del Noreste, como se dio a conocer en un principio.
El gobierno de Tamaulipas, a través de la SSPT, reiteró su disposición a colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones, refirió en un comunicado.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) aplicó medidas cautelares para los testigos que rindieron su versión de los hechos.
Olivia Lemus Martínez, titular de la CODHET, informó que también garantizará la seguridad de los policías estatales que fueron suspendidos por estos hechos.
“Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la emisión de medidas cautelares, de protección para las personas que fueron solicitadas a través de la persona que está como intermediario dentro de este procedimiento”, señaló.
Dejó claro que Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos, forma parte de un organismo no gubernamental:
“Es una ONG que se llama Comité de Derechos Humanos y están actuando como intermediarios dentro del proceso de queja, nosotros estamos haciendo y haremos la investigación exhaustiva y estamos teniendo el apoyo de la Procuraduría General de Justicia y hemos estado muy de cerca con la Segunda Visitaduría trabajando en conjunto”.
Explicó que normalmente cuando existe una situación de riesgo se emiten estas medidas cautelares, por lo que a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado se solicitaron para las personas que hicieron una declaración respecto a estos acontecimientos.
Sin embargo, la tarde del miércoles al menos 10 vehículos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Estatales de Tamaulipas rodearon la casa del chofer de grúa que rendiría su testimonio, denunció Raymundo Ramos.
“Son policías estatales, [el chofer] estaba citado en la Fiscalía de Tamaulipas para ser entrevistado, pero suponemos que la intención de los policías era que no saliera y no pudiera ser entrevistado”, señaló.
El conductor es el principal testigo, ya que llevó el vehículo a la colonia Valles de Anáhuac, lugar donde se registraron los hechos.
Solicitan ayuda del FBI. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sugirió al fiscal que lleva el caso de Nuevo Laredo que solicite asistencia técnica del FBI “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”.
El mandatario local expresó lo anterior la tarde de ayer en una serie de tuits, a través de su cuenta personal: “Mi compromiso es indeclinable con la ley y los derechos humanos”, afirmó.
Mencionó que “desde que se dio a conocer la denuncia sobre los hechos de Nuevo Laredo, la fiscalía del estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación”.
Asimismo, García Cabeza de Vaca agregó: “Cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de funcionarios estatales, se actuará con toda la fuerza de la ley”.
