Morelos.- Un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia en Morelos , resolvió que los cateos realizados por la Fiscalía Anticorrupción, practicados la noche del viernes y madrugada del sábado en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF estatal y el Centro para el tratamiento de adicciones “Siani" , violaron derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes y al cometer abuso de autoridad.
“ Actos de violencia , inconsistencias, presencia de policías de investigación criminal con armas largas y vulneración de derechos humanos, fueron algunos de los argumentos con los que el Juez de Control determinó que la Fiscalía incurrió en probable responsabilidad al atentar en contra de la integridad de los adolescentes involucrados”, cita el comunicado del gobierno de Morelos.
Más adelante precisa que el Sistema DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia condenan los hechos y reiteran su postura en relación a lo acontecido, con razón en los procedimientos legales y de justicia.
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Por su parte la Fiscalía Anticorrupción informó que el acuerdo que alude el gobierno del estado es resultado de la audiencia celebrada ayer en el que un Juez de Control resolvió anular el cateo debido a que existió la filtración de la orden en redes sociales, y anunció que combatirá la decisión del juez.
Sin embargo, más adelante subraya que la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y la realización de los cateos se debe a una supuesta obstrucción del Sistema DIF Morelos a las facultades de la CNDH y de la CDHM para investigar el presunto uso desproporcionado de la fuerza pública en los hechos ocurridos en septiembre del 2020, momento que adolescentes internados en CASA fueron violentados por personal del Sistema DIF Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
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El lunes pasado el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo calificó como un abuso la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque sus elementos hicieron uso excesivo de la fuerza para catear las instalaciones donde se resguarda a usuarios del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA).
“Al parecer, tanto la Fiscalía General del Estado, como la fiscalía anticorrupción, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, iniciaron una guerra política contra el Gobierno estatal”, acusó el gobernador al citar a los tres funcionarios públicos cuya designación de dos ellos, el fiscal general y el ombudsperson, fue por la mayoría de los legisladores afines al gobierno anterior, mientras que al Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, fue ratificado en el cargo por el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara.
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