En Chiapas se castigará con cárcel a funcionarios públicos que desvíen recursos para la reconstrucción y la ayuda humanitaria a damnificados por el sismo de magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre, advirtió el gobernador Manuel Velasco Coello .
El mandatario aseguro que para evitar irregularidades en la actual emergencia, la Fiscalía General del Estado agiliza mecanismos para que la ciudadanía denuncie cualquier intento de condicionar los apoyos a la población en situación de desastre.
En ese sentido se trabaja con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, con la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas y con el Órgano de Fiscalización Local, “para ponerle lupa” al manejo de los fondos que se destinarán a la reconstrucción estatal.
Velasco agregó que no se permitirá que nadie lucre con el dolor de la gente y se actuará con firmeza y sin distinción para castigar legalmente a quienes desvíen recursos de familias damnificadas y vulnerables.
“Las familias afectadas enfrentan la etapa de reconstrucción con mucho dolor por haber perdido su patrimonio y con mucha esperanza de construir un nuevo porvenir”, afirmó.
En contraparte, integrantes de organizaciones sociales pidieron que el gobierno no olvide a damnificados y afectados por el sismo en Chiapas y que se respete el plan de reconstrucción comunitaria que proponen los pueblos.
“No queremos que se repita la experiencia del 1985, cuando el gobierno mexicano tardó años en reconstruir las viviendas de la población damnificada.”
El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), entre otros, recorrieron algunas zonas damnificadas de la costa chiapaneca.
Denunciaron que el puente de la comunidad El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, registra fracturas y dos muros a punto de colapsar, sin que autoridades de Protección Civil prevengan ni evalúen aún los riesgos, pese a que la infraestructura es transitada por alumnos que acuden a una escuela cercana.
En Tonalá se tienen 4 mil 700 viviendas dañadas; en Arriaga, 4 mil 300; en Pijijiapan, 2 mil 100 y miles más en esa región de la costa, donde cientos de familias vulnerables se encuentran olvidadas por el gobierno, sin albergues, alimentos ni atención médica.
Las organizaciones puntualizaron que esa situación la aprovechan aspirantes a puestos de elección popular “que reparten apoyos para ganar votos en 2018, como ocurre en el municipio de Jiquipilas, donde se condiciona la ayuda gubernamental y ciudadana y se entrega sólo a militantes del Partido Verde Ecologista de México”.
A su vez, propietarios de camiones de acarreo de materiales de construcción acusaron a la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones de Chiapas de un presunto desvío de más de 90 millones de pesos en la remodelación de la carretera Ocozocoautla-Villaflores.
Los inconformes denunciaron que la dependencia estatal les adeuda un monto de 200 mil pesos.
Los propietarios de los camiones de volteo aseguraron que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estatal detectó irregularidades en 13 contratos por 90 millones 220 mil pesos por pago de obra pública.
En su denuncia exhibieron copias de contratos de obra, mediante los cuales constructores se deslindaron de los adeudos, tras argumentar que la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones de Chiapas – una de las principales dependencias involucradas en los proyectos de reconstrucción por el sismo- duplicó las licitaciones y liquidó los pagos a quienes realizaron los trabajos de modernización de la carretera.
afcl
