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Cuernavaca.- Al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, lo persiguen los escándalos desde su toma de protesta ante el Congreso de Morelos, como parte de una terna que envió el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018), y desde entonces es conocido en círculos políticos como el fiscal “carnal”.
El nombre del Fiscal vuelve a resonar, luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , lo señalara de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López , de 27 años, tras ser localizado su cuerpo el 31 de octubre pasado, en la carretera La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.
Perteneciente a una familia de notarios y exmagistrados, Carmona Gándara enfrentó su mayor conflicto en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía General de la República ( FGR ), presentó una solicitud de desafuero en su contra por incumplir con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en el Congreso de Morelos.
También lo acusaron de nombrar al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, otrora colaborador cercano de Graco Ramírez, sin que cumpliera con el mismo requisito de los exámenes de control de confianza.
El fiscal morelense sorteó ese obstáculo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el fuero del fiscal y determinó que no podría ser removido de su cargo por la falta del examen de control de confianza.
Enfrentado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde su llegada en octubre de 2018, quien juzga a Gándara de seguir al servicio de Graco Ramírez, el fiscal ha hecho alianza con el Congreso de Morelos y ha declarado públicamente su desinterés por lo que divulguen organizaciones civiles o sociales respecto a su desempeño como fiscal, porque, dice, los únicos a quienes debe rendir cuentas es al pleno legislativo. Así lo ha hecho cada seis meses cuyas comparecencias han sido tersas, con excepción de las críticas proferidas por el diputado de Morena, Arturo Pérez Flores, quien lo "reprobó" en su última presentación.
Hace unas semanas, Carmona Gándara atrajo la atención mediática cuando se divulgó que, de acuerdo con los archivos extraídos por los hackactivistas de Guacamaya , el fiscal tiene vínculos con la delincuencia organizada. El abogado respondió de inmediato y acusó que ese tema fue inventado por un funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad, a quien denunciaría ante el Ministerio Público.
El fiscal es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y cuenta con la especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Su experiencia profesional conforme a su semblanza oficial, fue jefe del Departamento de Control de Procesos de la FGE de Morelos, agente del Ministerio Público y secretario de estudio y cuenta del Juzgado Tercero de Distrito y es titular de la Notaría seis de la primera demarcación notarial en el estado.
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