Chichihualco, Leonardo Bravo.— La tarde del 18 de noviembre de 2018, Alma Guerra tomó lo que pudo y huyó con su familia de su pueblo, Izotepec, ubicado en el municipio de Heliodoro Castillo, en la sierra de Guerrero.

Ese día, recuerda, unos 100 hombres llegaron y les advirtieron que si no se iban “acabarían con todos”; los pobladores intentaron resistir: se enfrentaron por horas. Al final, el pueblo se vació.

Desde hace cuatro años, Alma ha regresado sólo una vez a Izotepec, en septiembre de 2020, estuvo unas horas: fue a buscar a su hermano menor, Conrado, quien fue a verificar si había condiciones para regresar y desapareció.

Alma llegó este miércoles puntual al auditorio de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, que desde hace cuatro años es su refugio. Esperó con otro centenar de familias la llegada de la relatora especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary.

Se presentó a la reunión porque quería contarle su historia y la de las 130 familias de los pueblos de Filo de Caballos, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, Balsamar, Izotepec y Tepozonalco.

Su historia es de violencia, despojos, abandono. Es la historia de hombres, mujeres, ancianos y niños que lo perdieron todo de un día para otro y de una lucha para no perder más.

Ese 18 de noviembre unos 3 mil hombres armados llegaron a Filo de Caballos y se enfrentaron con otros armados durante cuatro horas: murieron siete civiles, muchos quedaron heridos y decenas de casas y carros tiroteados. Después tomaron el control del pueblo y luego de otro, y más tarde del resto.

Los armados se identificaron como policías comunitarios de los municipios de Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala, Teloloapan y Cocula, dijeron que llegaban a “pacificar”. Desde entonces no hay ninguna autoridad que intente —o quiera— recuperar esos pueblos.

Alma fue una de las mil 600 personas que salieron huyendo ese día. Ella tomó algunas cosas y salió con su familia caminando hacia Chichihualco. Iba con su madre enferma; en el camino se encontraron con un primo —que también huía— y las subió a su camioneta.

Recuerda que esa no fue la primera ocasión que llegaba ese grupo armado a correrlos de su pueblo. En 2015 ya había salido huyendo por la misma causa: el grupo armado que encabezaba un hombre apodado El Teniente no los quería ahí.

Esa vez regresaron, pero siempre con la incertidumbre de un nuevo ataque armado. En 2017, cuenta, ese grupo llegó al pueblo y asesinó a su sobrino y a uno de sus amigos mientras cuidaban sus animales.

En esa ocasión tuvieron que huir tres meses y pudieron regresar. Esta vez tiene pocas esperanzas de lograrlo.

“Ahorita no hay condiciones de seguridad, el gobierno del estado y el federal nos dijeron que iban a poner módulos de vigilancia para que regresemos, pero nunca los pusieron”, reclamó.

Otra razón es que sus casas están unas destruidas y otras ocupadas por los armados.

“Además ya no hay casi gente, casi todos salieron huyendo, muchos se fueron a Estados Unidos, los pueblos están solos”, dice.

Una razón más es que la amenaza de atacarlos y de no verlos en sus pueblos sigue firme por parte de los armados. El ejemplo más claro es su hermano. En septiembre de 2020, Conrado, un hombre de 37 años de edad, fue en su camioneta a su pueblo Izotepec. Los pocos que se quedaron en los pueblos les avisaron que estaba más tranquilo.

“Esa vez fuimos a buscarlos, me acompañaron varias mujeres, recorrimos varios pueblos y no lo encontramos, ni su camioneta”, cuenta Alma.

“¿Por qué los han querido sacar?”, se le pregunta.

“Lo que pasa es que ese grupo quiere apoderarse del pueblo porque el pueblo tiene mucha madera, antes era por la goma [de opio], pero ahorita la droga no vale nada, ahorita quieren la madera”.

Antonia y los demás tienen pocas esperanzas de volver a sus pueblos; por ahora buscan rehacer sus vidas, comenzar de nuevo, lo que ha sido casi imposible porque no tienen ningún apoyo.

De las 130 familias que se mantienen en resistencia, el gobierno federal sólo reconoce como víctimas a 80. Éstas reciben un apoyo económico que utilizan para renta y comida. Las 50 familias restantes se las arreglan como pueden.

No cuentan con servicio médico, sus hijos no pueden acceder completamente a la educación, los hombres y las mujeres no consiguen empleos duraderos.

Pero en Guerrero los desplazados de la sierra no son los únicos. De acuerdo con el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, hay 22 mil 890 personas en esta condición por la violencia.