Cártel de la Sierra impone toques de queda y migración forzada en Guerrero
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Violencia en el Puerto

El último trimestre la violencia tuvo como blanco la zona turística de Acapulco. De octubre a diciembre por lo menos siete chóferes de camiones de la ruta Base-Caleta, la que recorre toda la Costera Miguel Alemán fueron asesinados.

Tres de ellos mientras conducían el camión: un hombre armado se subió y les disparó a quemarropa, según relataron los reportes policiacos. Los otros cuatro fueron hallados desmembrados en una camioneta en una colonia de la periferia de la ciudad, después de un enfrentamiento entre militares y hombres armados.

Los prestadores de servicios turísticos también fueron otro blanco, en el año unos diez fueron asesinados, la mayoría mientras ofrecía algún servicio, otros muy cerca de turistas que disfrutaban de las playas.

Relevo de Fiscal

El anterior fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila renunció al cargo después de que se difundieron fotografías y un video donde se le ve reunido con un presunto líder criminal. Dejó el cargo el 15 de noviembre sin dar una explicación, hasta el momento se desconoce si es investigado.

El 23 de diciembre el Congreso local rechazó la terna que envió la gobernadora; ninguno de los tres alcanzó los votos suficientes (31) para ser nombrado como fiscal.

La terna estuvo integrada por Anacleta López Vega, José Luis Gallegos Peralta y Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, los dos últimos son cercanísimos del papá de la gobernadora, el senador Félix Salgado Macedonio: uno fue su abogado en la denuncia penal que presentó una de sus ex colaboradoras por el delito de violación sexual y el otro, es uno de sus principales operadores políticos.

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Ante el rechazo de los diputados, según la legislatura local, la gobernadora nombró a la teniente coronel, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien ha desarrollado toda su carrera dentro del Ejército. Es teniente coronel de las fuerzas armadas, licenciada en derecho, con maestría en Derecho Constitucional.

Sin embargo, su nombramiento fue criticado por organizaciones civiles y activistas, quienes advirtieron la militarización de la justicia en el estado.