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Tuxtla Gutiérrez.— La síndica propietaria del municipio de San Juan Cancuc, Martha López Santiz (PRI), de origen tzeltal, afirma no temer a pesar de que el alcalde José López, El Borrego, emanado de su mismo partido, le impide acceder a su cargo desde el 1 de octubre cuando debía tomar protesta, por lo que, dice, defenderá por la vía legal su derecho ocuparlo.
Martha, de 34 años, es dirigente municipal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), coordinadora indígena de esa organización en seis municipios de las regiones Altos y Norte, y es una de las víctimas de la violencia política de género que enfrentan las mujeres de pueblos originarios en Chiapas.
“Soy la síndica legal de mi municipio, jamás renuncié ante la autoridad electoral, como dicen algunas versiones, y a pesar de que de manera ilegal El Borrego puso en mi lugar a Emilio Pérez Ordónez, el puesto me corresponde por ley”, asegura.
Explica que es la primera mujer en San Juan Cancuc en participar en plebiscito por la candidatura a la alcaldía con 13 varones, y luego de que los resultados la ubicaron en segundo lugar, después de José López, acudió ante la dirigencia estatal del PRI como aspirante a síndica.
“Fue mi gente, a quienes he ayudado con las gestiones, la que me impulsó a participar en el juego de la candidatura. Faltaban cinco horas para el plebiscito y le entré, sin hacer campaña ni regalar refrescos como lo hicieron los otros”, afirma.
Martha detalla, con un español entre cortado, la historia de usos y costumbres de su pueblo, dominado por los hombres: “Aunque el actual alcalde dice que hay equidad de género, no es cierto, las mujeres prestan sus documentos, pero son los hombres, sus maridos los que mandan; a ellas no se les ve que trabajen en la alcaldía”.
Refiere como caso próximo a la saliente síndica Concepción Figueroa, cuya pareja, Felipe Pérez, se desempeñó en el cargo. “Ella terminó legalmente su ejercicio, pero nunca ejerció, nunca llegó a la presidencia, fue su marido el que lo hizo todo”.
El martes de la semana pasada, la mujer acudió al Congreso del estado, donde se le garantizó que se respetarán sus derechos políticos y se le tomaría protesta el viernes 5 de octubre. Sin embargo, esto no ocurrió.
Dice que no teme los riesgos del ejercicio de su representación política: “Yo tengo la mayoría que me acepta, he afiliado a la UNTA a unos 5 mil que me apoyan, tengo el respaldo general de mi gente en el pueblo”.
Recuerda que el 1 de octubre, el alcalde José López, sus partidarios y policías locales no le permitieron ingresar a la alcaldía, e incluso fue agredida junto con sus simpatizantes.
Por esos hechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía Indígena, la Fiscalía de la Mujer y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Otra víctima de violencia política de género en la entidad es Manuela Martínez (PVEM), alcaldesa electa de Mitontic, quien afirma que debido a los usos y costumbres podría no ejercer a plenitud su cargo.
“Ahí son los usos y costumbres, las mujeres casi no somos tomadas en cuenta, sólo los hombres, mi esposo es quien actúa más en el pueblo”, acusa la mujer también tzotzil.
Admite que ha laborado con su cónyuge Erasto Ordóñez, con quien mantiene el acuerdo de trabajar en conjunto para no tener conflictos con la gente del pueblo, por ello pide al gobierno que garantice los derechos políticos de las mujeres en Chiapas.
“Quiero ser autoridad legal y plena, porque las mujeres podemos gobernar bien, no nada más estar en casa y cuidar a los hijos”, remata.