Tijuana, Baja California.- Al menos 28 familias que radican en Tijuana interpusieron un amparo para exigir al Estado mexicano que regule el uso de cannabis con fines medicinales y les evite tener que traficarla desde Estados Unidos.
Entre los que interpusieron el recurso, apoyados por la Fundación Loto Rojo, están Alejandra “N” y su esposo. Ellos son padres de Arantza, una niña de cinco años quien al nacer fue diagosticada con epilepsia y, según la opinión médica, viviría unos ocho meses.
“No aceptamos prácticamente la sentencia de muerte y nos aferramos a la vida de Arantza. Buscamos diferentes opiniones, analizamos otras opciones hasta que decidimos probar un método del que sólo sabíamos que era muy polémico, el del cannabis”, platica.
Desde marzo de 2018 comenzaron a usar la marihuana, y la vida de Arantza cambió, ya no presenta convulsiones: “Antes, en un día normal, eran entre 90 y 100; perder la noción del tiempo y el control del cuerpo, a veces incluso la conciencia. Era también vivir en la angustia, adivinar el lapso de los incidentes y mantener la calma para ayudarla, pese a no poder hacer más que estar a su lado”.
Vacío legal. En 2017 se reformó la Ley General de Salud para reconocer el uso terapéutico del cannabis, pero a la fecha, en materia sanitaria el gobierno ha incumplido con armonizar las disposiciones correspondientes para garantizar el acceso a este tipo de fármacos, violando con ello el derecho a la salud, explica José Felipe Saucedo, de la Fundación Loto Rojo.
Dijo que en junio pasado, unas 28 familias presentaron el amparo en busca de la suspensión de las leyes que se aplican a quienes posean y transporten medicina con la base de cannabis, conocida como marihuana, pero no tuvieron respuesta positiva.
“La juez a cargo del caso no aceptó las pruebas aportadas que incluían videos y testimonios de pacientes. Nos llamó impertinentes y nos negó una audiencia en la que explicarían cómo es que la sustancia mejoró su calidad de vida e incluso la ha prolongado, como en el caso de Arantza”, dijo.
Les falta sensibilidad, porque nunca han estado frente a un paciente para escuchar su historia, dijo, y reiteró que Loto Rojo nació como una respuesta ante la falta de educación y desinformación entre la sociedad mexicana sobre el uso del extracto cannabinoide medicinal en pacientes candidatos cuyos síntomas se ven reducidos o aliviados gracias a la planta; es una asociación civil que apoya y educa.
Añadió que en Tijuana, Fundación Loto Rojo ha arropado el caso de al menos unos 500 miembros que les han pedido ayuda.
Contrabando. El químico agrónomo Víctor Rocha, quien también abrazó el movimiento, advirtió que el vacío legal ha orillado a las familias al contrabando.
“No es un crimen si se trata de una violación de un derecho, porque la inacción del gobierno lo que ha hecho es arrebatarles su derecho a la salud a cada uno de los pacientes, y si van y compran en Estados Unidos y cada uno asume esa responsabilidad”, lamentó.
Una de las críticas, dijo, es sobre todo hacia el Estado mexicano que, lejos de resguardar las garantías de los ciudadanos, pareciera que cuida más el bienestar de la industria farmacéutica, porque es más fácil moverse en una aduana o un aeropuerto con fentanil si es recetado por un doctor, que hace más daño que con cannabis.
Alejandra lo dice de la mejor manera: “Si tengo que responder ante la ley, lo voy a hacer”. Cuenta que cruza a Estados Unidos a comprar cannabis y regresa con él a Tijuana, su hija lo ingiere y vive mejor.
“Ahora mi lucha es en la ruta legal, porque ya me han detenido en el retén de San Luis Río Colorado y me da miedo ir a Ensenada con la niña. Los soldados están acostumbrados a ver madres que transportan droga en juguetes de sus hijos, “por qué me iban a creer a mí que era medicina de la niña, la verdad ha sido un camino muy difícil”.
Mientras habla de su preocupación, Arantza juega y corre como nunca antes lo había podido hacer. Alejandra la mira y sonríe, “por ella vale la pena esta lucha”, dice.