León, Guanajuato.- Alma Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura por la coalición Morena-PT-PVEM, señaló que existen causas graves por las cuales no se quiere remover al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, “una de estas tiene que ver con el alto nivel de impunidad que impera dentro del gobierno estatal”.
En la campaña electoral, también las aspirantes a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo del PAN-PRI-PRD y Yulma Rocha Aguilar del MC, han garantizado que Zamarripa Aguirre saldrá de la fiscalía, al igual que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.
Este lunes, en un comunicado, la morenista señaló que en su periodo como fiscal aumentaron los homicidios en la entidad.
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Señaló que Zamarripa lleva 14 años en el cargo y “justo cuando este funcionario llega al poder junto con Álvar Cabeza de Vaca, comenzó a subir la línea de homicidios convirtiendo a Guanajuato en un PANteón”.
La candidata de la coalición, quien en su campaña ha garantizado la salida de Carlos Zamarripa, no explicó en qué consiste la impunidad a la que hace alusión.
Agregó que desde la tribuna del Congreso local (en la actual legislatura) presentó una iniciativa para facultar al Poder Legislativo para la remoción del fiscal, pues ahora solo lo puede hacer el gobernador, de acuerdo a la Constitución de estado.
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“El gobernador es el único que tiene la facultad para remover al fiscal, cuando era diputada local presenté una iniciativa en este sentido de que no solamente cayera el tema en manos del gobernador sino que también fuera el Congreso del Estado quien tomara la iniciativa y la propia ciudadanía a través de una consulta, pero nunca quisieron apoyar mi propuesta”, indicó.
El artículo 95 de la Constitución Local en la fracción IV establece que el fiscal general podrá ser removido por el gobernador “por las causas graves que establezca la ley”.
“La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, cita la norma.
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