Más Información
Anuncian instalación de 25 albergues en la frontera con EU por amenaza de deportación masiva; Rosa Icela dialoga con gobernadores
Tras nota de EL UNIVERSAL, Senado va por regular venta de drones; darán 40 años a quien los utilice como arma
Publican decreto en el DOF que desaparece a 7 organismos autónomos; Inai, IFT, Coneval, Cofece, entre otros
Tras fallo a favor del maíz transgénico, México permitirá importación; busca prohibir su siembra en el país
Ya extinto el Inai, pide garantizar acceso a la información; reitera intención de participar en diseño de nuevo modelo
Desde el pasado 5 de marzo, después de que se designara como virtual candidata de Morena a la alcaldesa con licencia, Mirtha Villalvazo Amaya, para reelección en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no se ha dejado ver en público y prácticamente ha desaparecido de sus redes sociales; el motivo, es por la investigación que la Fiscalía del Estado ha comenzado por un presunto fraude inmobiliario que afecta a la comuna y al Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba).
La campaña para la elección de alcaldías y diputaciones arranca en Nayarit el próximo 30 de abril, y los partidos deben registrar a sus contendientes ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) entre el 16 y 20 de abril del 2024, sin embargo, de forma extraoficial ha trascendido que existe ya una orden de aprehensión en contra de Villalvazo.
Por el sigilo de la investigación, la Fiscalía del Estado no ha confirmado la existencia de la orden de aprehensión, pero se ha filtrado a través de varias redes sociales, una imagen del documento que ordena la captura de la edil, a quien se le acusa de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito.
Leer más: Denuncian desfalco de 2 mil 500 mdp a fondo de pensiones en Nayarit
Se expone en redes sociales la orden de captura para la candidata de Morena por presunto fraude
La orden de captura está fechada el 24 de marzo pasado, justo el día en que se hizo público que un juzgado de distrito con sede en la ciudad de Tepic negó a la alcaldesa con licencia un amparo para evitar ser arrestada porque hasta entonces no existía en su contra ninguna orden de aprehensión.
El caso en el que está involucrada Villalvazo Amaya, deriva de las investigaciones de la llamada ‘Mega operación Nuevo Nayarit’, hecha pública por la Fiscalía estatal a mediados de 2022, logrando acreditar una defraudación superior a los 21 mil millones por parte de ex servidores públicos (entre ellos el ex gobernador Ney González) y empresarios a los que se les adjudicaron por lo menos 70 terrenos en los municipios de Compostela y Bahía de Banderas.
Siguiendo el hilo de esa investigación, la Fiscalía logró obtener indicios que involucran a Villalvazo y tres funcionarios de la administración municipal en posibles actos de corrupción, al permitir que un desarrollo turístico construido en la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle violara los lineamientos de construcción y el ordenamiento territorial del municipio.
Leer más: ¿Quién es Nay Salvatori, candidata morenista que bromeó con un asalto en Puebla?
A finales de febrero pasado el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, hizo público el caso, y a principios de marzo la dependencia a sus cargo realizó un cateo en el desarrollo turístico señalado y aseguró algunos inmuebles.
Hasta ahora, de los cuatro funcionarios públicos acusados por la Fiscalía, sólo ha sido arrestada Cecilia Zareth “N”, quien se desempeñaba como encargada de la dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas; según las investigaciones fue ella quien firmó de forma irregular la constancia de habitabilidad del desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Oscar Verdín Camacho en su portal Relatos Nayarit, durante la audiencia de imputación de Cecilia Zareth, la representación legal del complejo turístico en cuestión reveló que la alcaldesa con licencia posee ahí dos departamentos comunicados entre sí; según la Fiscalía el valor comercial de estos inmuebles supera los 26 millones de pesos.
sg/cr