Torreón.- Autoridades de Coahuila , del municipio de Parras, campesinos y representantes de empresas vinícolas sostuvieron una reunión después del conflicto que se ha desatado por el tema del agua, donde la semana pasada un grupo de ejidatarios de San Lorenzo irrumpieron en instalaciones de Casa Madero .
Tras la reunión acordaron un “pacto de civilidad” para que no haya intromisiones ni agresiones de un lado ni del otro, así como un acuerdo para que en 72 horas presenten los documentos que acrediten la cantidad de derechos y volumen de agua que tienen concesionados.
En la reunión los ejidatarios mostraron sus decretos presidenciales que acreditaban el volumen de agua superficial al que tienen derecho y la causa de conflicto con empresas, principalmente Casa Madero, la vinícola más antigua de Latinoamérica. Sin embargo, en la reunión los representantes de los empresarios no mostraron documentos, por lo que se acordó la entrega de estos para empezar una revisión y lograr llegar a acuerdos.
En la reunión estuvieron presentes funcionarios del Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, pero el gran ausente fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) . En la reunión se acordó también enviar un oficio a la Conagua para que realice una fiscalización exhaustiva de las perforaciones de pozos para la obtención del agua, pues los campesinos señalan esas acciones como la principal causa de la reducción en el caudal de agua rodada.
Fernando Orozco, alcalde de Parras
, consideró que es un gran avance. Dijo que el principal acuerdo es acreditar precisamente que cada quien es dueño de sus derechos de agua, y en caso de que no se llegue a acuerdo después de la revisión, se seguirá en instancias legales.
“Si jurídico declara que no están de acuerdo, pues se seguirán en las condiciones que se determinen”, comentó.
El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dijo que es un problema de particulares donde hay un problema en el caudal del agua que no es el mismo que hace años, por lo que exhortó a que quepa la cordura y prudencia.
Mientras que el fiscal Gerardo Márquez Guevara resaltó que no hubo ni ha habido ninguna incursión de grupos criminales. “Es un conflicto por la distribución del agua”, dijo.
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afcl