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En el marco del proceso electoral 2017-2018, dos funcionarios estatales presentaron este jueves su renuncia al gobierno de Oaxaca, a cargo de Alejandro Murat.
En conferencia de prensa, el titular de Comunicación Social, Alfonso Martínez Córdova, informó que el Ejecutivo de la entidad aceptó la dimisión de la hasta hoy responsable de del Instituto de Estudios de Bachillerato en Oaxaca (IEBO), Raquel Alberto, para designar en su lugar a Alejandro Aroche.
Durante el encuentro con medios efectuado en el Palacio de Gobierno, se anunció también la renuncia de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Sofía Castro Ríos, para designar a Francisco Montero López.
Según fuentes del Partido Revolucionario Institucional, Sofía Castro Ríos iniciará su campaña para aspirar a un escaño en el Senado de la República.
Otros cambios. En el primer año de la administración de Alejandro Murat, el primer cambio sucedió cuando Alejandro Avilés Álvarez se vio obligado a renunciar a la Secretaría General de Gobierno (Segego) tras haber usado un helicóptero oficial para vacacionar con su familia; en su lugar llegó Héctor Anuar Mafud, durante abril.
La directora del Instituto de la Juventud de Oaxaca, Olivetti Paredes Zacarías, también se vio envuelta en un escándalo y renunció tras ser denunciada penalmente por presuntos actos de corrupción; fue sustituida por Miriam Caraveo Cortés.
El fiscal general de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien fuera procurador de Justicia en la administración anterior, renunció al cargo y en su lugar fue nombrado Rubén Vasconcelos.
Asismismo, Celestino Alonso Álvarez, quedó al frente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reemplazando a Gabriela Velásquez, quien fue relevada del cargo sin previo aviso.
Finalmente, el pasado 3 de noviembre, Mariuma Vadillo Bravo fue designada como la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), en relevo de Miriam Liborio.
Dicha funcionaria tomó el lugar de Saulo Chávez, quien fue removido de su cargo como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), luego de que se dieran a conocer malos manejos con el padrón de afectados por el terremoto del 7 de septiembre, que golpeó con fuerza al estado.
