Culiacán.- El secretario de Administración y Finanzas del Estado, Luis Alberto de la Vega Armenta explicó que a causa de la pandemia del Covid-19 se resiente una caída en los ingresos propios , lo que ha imposibilitado radicar los , encauzados a la búsqueda de mujeres con reporte de desaparición .

Durante una reunión virtual con diputados locales, miembros de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado que le reclamaron no cumplir con la entrega de lo presupuestado a la Fiscalía General del Estado, este respondió que es por f alta de recursos públicos.

De la Vega Armenta observó que una cosa es lo que presupuesta el Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y otra, los flujos de los ingresos que tiene la administración estatal durante un año.

El funcionario estatal externó que ya se liberó los primeros dos millones 100 mil pesos, del presupuesto del Protocolo Alba del 2020 que asciende a siete millones de pesos, a fin de que se disponga de recursos para la operación de un trimestre y la próxima semana se cubrirá una suma similar hasta liquidar el adeudo.

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Dio a conocer que es factible que antes del cierre del año fiscal, se analizaran los flujos de los ingresos propios para liquidar los siete millones de pesos que no fueron asignados en el 2019, los cuales estaban presupuestados.

La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia de la LXIII Legislatura local, diputada Francisca Abello Jordán recordó que este Protocolo Alba tiene sus orígenes en el estado de Chihuahua, donde se tuvo una época de muchas desapariciones de mujeres trabajadoras de máquinas.

Precisó que sus madres, desde muy temprano, al Alba, salían a buscarlas, muchas de ellas fueron localizadas muertas, por lo que en el caso de Sinaloa, donde se tienen reportes continuos de féminas no localizadas, es necesario que la Fiscalía General del Estado actúe lo antes posible para su localización.

El diputado local, Pedro Villegas Lobo, criticó que la administración estatal cubra otro tipo de compromisos antes de destinar los recursos presupuestados en renglones prioritarios, como es el caso de la búsqueda de mujeres cuyas familias reportan su desaparición ante la instancia judicial.

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