Veracruz.— La mayoría de los cabildos municipales de la entidad aprobaron una reforma constitucional, impulsada principalmente por Morena, que allana el camino para poder destituir al fiscal General del estado, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
De los 212 ayuntamientos, 132 remitieron al Congreso del Estado sus actas de cabildo, mediante las cuales avalaron la llamada ley antiWinckler, facultando a los legis-ladores locales para remover al fiscal sin que sea necesaria la aprobación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.
Lo anterior ocurrió a pesar de que los diputados blanquiazules alegaron irregularidades en al menos 72 actas. De acuerdo con la ley, para que la reforma surtiera efecto se requería que la mitad más uno de los cabildos aprobaran la decisión.
El coordinador de la bancada panista, Sergio Hernández, advirtió que de llegarse a publicar el decreto en la Gaceta Oficial del estado, los legisladores estarían en desacato, ya que el 26 de diciembre Winckler Ortiz logró, mediante un amparo, la suspensión provisional de dicha reforma constitucional.
El descontento. El pasado 6 de diciembre, la mayoría de los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) reformaron la Constitución del estado para facilitar la destitución. Con 39 votos a favor se facultó al Congreso local para designar y remover al fiscal.
Para impulsar el juicio político contra el funcionario se requería ser aprobado por el Congreso y por integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Sin embargo, esta última etapa fue eliminada.
Desde que arribó al cargo, a finales de 2016, gracias a la influencia del ex mandatario para que el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo, renunciara, Winckler Ortiz ha sido duramente criticado por colectivos de desaparecidos, partidos de oposición al PAN y empresarios que lo acusan de actuar a favor de Yunes Linares y de abandonar cientos de casos.
Apenas este lunes, diversos colectivos tomaron las instalaciones de las fiscalías regionales de Coatzacoalcos, Minatitlán y Papantla para exigirle resultados en las investigaciones o su inmediata renuncia.
Incluso en sus redes sociales, el funcionario se ha burlado de la intención que tienen de destituirlo.