Juchitán de Zaragoza. - Con una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , el Cabildo de Juchitán , encabezado por el presidente municipal Emilio Montero Pérez (Morena) , exigió el cese del hostigamiento hacia el ayuntamiento, por lo que consideran un cobro indebido por más de 27 millones de pesos a consecuencia de un censo que aseguran no se realizó, pero les adjudican.
Durante la manifestación, en donde los funcionarios portaron cartelones de rechazo por el cobro excesivo y los amagos de la CFE, el edil pidió una mesa de trabajo para plantear a la Federación la inconformidad y denunciar que la CFE , a través del responsable de la zona comercial Tehuantepec, Juan Ricardo García Solano, “golpea” al ayuntamiento de Juchitán, y consecuentemente a la ciudadanía, “con medidas unilaterales, que impactan severamente a las finanzas municipales y cerrándose a la posibilidad de negociar términos y plazos de pago del servicio de alumbrado público”.
En la conferencia de prensa, el presidente municipal detalló que la CFE pretende cobrar 27 millones 600 mil pesos como resultado de un nuevo censo de lámparas que supuestamente se realizó en abril, actualizando el número de luminarias. Esta acción, acusó, no se había hecho durante cerca de cuatro años, cuando la obligación de l CFE es hacerlo cada año, lo que permite realizar la previsión presupuestaria municipal.
Este nuevo censo señala que anteriormente la ciudad de Juchitán contaba con 5 mil 522 lámparas, actualmente se tienen registradas 8 mil 78 luminarias, lo que da una diferencia de 2 mil 556 cuyo consumo de años anteriores se está cobrando actualmente.
"Por supuesto que eso significa un incremento en el consumo de energía eléctrica, pero la falta de censos en los años anteriores no es nuestra responsabilidad; no obstante, a la nueva tarifa mensual se le está cargando ese adeudo anterior.
“Si hasta mayo de este año estábamos pagando 900 mil pesos mensuales por este servicio, ahora con el nuevo censo debemos cubrir 2 millones 300 mil pesos cada mes, es decir hay un incremento de un millón 400 mil por mes o sea que la CFE nos aumentó la factura en 255%.”, explicó el edil de Juchitán.
Además, la CFE sumó un cobro retroactivo hasta abril de este año por 9 millones 764 mil 890 pesos, por lo que diferencia entre lo que ya se pagó hasta julio y la nueva tarifa da una deuda de 2 millones 219 mil con 56 pesos, esto significa que el Ayuntamiento además adeuda a la CFE la cantidad de 11 millones 983 mil 946 pesos.
"Una cantidad que a todas luces no podemos pagar en lo inmediato. Por eso le planteamos al responsable de zona de la comisión una restructuración que nos permitiera ir cubriendo esa deuda en el mediano plazo, pero nos atajó con prepotencia diciéndonos que si no pagamos el total, nos dejará sin alumbrado público, cosa que ya comenzó a hacer, dejando sin energía eléctrica a la mayoría de los semáforos de la ciudad.", expuso el edil.
Ante esta situación, el Cabildo exige un cese al “acoso” de la CFE al ayuntamiento e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz , para que instalen una mesa de trabajo en la cual lleguen a soluciones favorables para las partes; además, solicitan el apoyo de la federación para cambiar todas las lámparas de vapor de sodio, por las de tipo LED que consumen menos energía eléctrica.
Por último urgieron a las empresas eólicas instaladas en el municipio, para que cumplan con su obligación en el pago de impuestos locales, para hacer frente al aumento de la facturación mensual, entre otros rubros.
De acuerdo con la CFE, el municipio debe más de 9 millones de pesos en ajustes y que si se realiza el corte de energía, las autoridades se reeconectan, por lo que la compañía está preparando su demanda legal en contra del presidente morenista.
Mientras que la Secretaría General de Gobierno (Segego) informó que interviene como parte conciliadora y busca que se establezca el diálogo entre el presidente municipal para definir cómo se puede pagar y firmar un convenio, para evitar un conflicto mayor y mantener la gobernabilidad en el estado.
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