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Cuernavaca.— Jesús Hernández Maldonado, un ex policía preventivo, desapareció el 25 de marzo de 2014 en el municipio de Yautepec, al oriente del estado. Ese día avisó a su familia que acudiría a una cita de trabajo, pero fue privado de la libertad presuntamente por un grupo armado.
El comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, dijo que una línea de investigación apuntaba hacia un posible nexo de la víctima con el crimen organizado, lo cual rechazó la familia del ex policía.
Su cuerpo fue localizado en septiembre pasado en las gavetas del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el municipio de Cuautla. El cadáver permaneció allí más de tres años en calidad de desconocido debido a que nunca le practicaron pruebas de identificación.
Su familia tenía vigente una denuncia por desaparición desde la gestión de Rodrigo Dorantes Salgado (2013-2015), actual delegado de la PGR en Tabasco, pero el caso no tuvo resultados hasta principios de septiembre cuando la familia tuvo conocimiento de su localización en el Semefo de Cuautla.
Los restos de Jesús fueron encontrados entre junio y julio de 2014, en un paraje despoblado de Yautepec, municipio aledaño a Cuautla, sin que nadie informara a la familia de su paradero.
Pide confirmación de identidad a PGR. Al ser enterados de que Jesús Hernández estuvo en el Semefo por más de tres años, sus familiares solicitaron a la Procuraduría General de la República la toma de pruebas para corroborar su identificación. Los allegados a Jesús dudaban del procedimiento de la fiscalía estatal; sin embargo, el 30 de octubre pasado, la dependencia confirmó el resultado.
Finalmente, este 4 de noviembre los restos de Jesús fueron velados y enterrados en un panteón al norte de Cuernavaca. La familia considera denunciar a los funcionarios involucrados en el caso, y el propio fiscal se dijo “respetuoso” de esta acción.
Salida ríspida de la CESP. Jesús Hernández Maldonado, de 31 años, renunció a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) en diciembre de 2013, ante una investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada. De dicha indagatoria no se dio a conocer resultado alguno o pruebas de la acusación.
Tres meses después de su baja, el ex policía desapareció en el mismo municipio donde estuvo asignado.
Y un año después de su desaparición, el 17 de marzo de 2015, la CESP difundió una fotografía de la joven Mayra “N”, de 20 años, quien portaba un chaleco, arma y gorra de policía, que presuntamente pertenecieron a Jesús Hernández.
A decir del subsecretario operativo de Seguridad Pública, Francisco Javier Viruete, la joven declaró que la imagen la tomó el ex policía, un mes antes de su baja, y que lo conoció en una fonda.
La familia exigió una explicación a los responsables de la seguridad en la entidad por la posesión y difusión de la imagen, ya que dudaban que la foto hubiera sido tomada por la propia víctima. Las autoridades no aclararon el tema.
Ex funcionarios implicados. Los nombres de Ana Lilia Guerrero Moreira y Gerson Cervantes Gurrea, ex directora de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y el ex encargado de despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la zona oriente, respectivamente, resurgieron con el caso del ex policía Hernández.
Ambos ex funcionarios fueron acusados por un caso similar a finales de 2014: el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de Cuautla privado de su libertad y asesinado en 2013, cuyo cuerpo —a pesar de estar plenamente identificado— no le fue entregado a sus familiares bajo la argucia de realizarle más pruebas.
El 28 de marzo de 2014, 118 cuerpos fueron inhumados de manera ilegal por la ex procuraduría regional oriente en las fosas de Tetelcingo.
Por nueve meses, la familia interpuso una serie de denuncias hasta que el 9 de diciembre de ese año los restos de Oliver fueron recuperados; con ello quedaron al descubierto las condiciones irregulares en las que incurrió la Procuraduría Regional.
El 6 de noviembre de 2015, cuando el abogado Javier Pérez Durón fue elegido como fiscal del estado, la familia de Oliver dio a conocer las anomalías de la inhumación. Así, se inició un proceso contra Guerrero Moreira y Cervantes Gurrea, pero su desarrollo es lento debido a la serie de amparos que ha interpuesto su defensa,
Ahora, se sabe que ambos fueron también responsables de mantener el cuerpo de Hernández Maldonado en el Semefo, sin practicar la necropsia ni la toma de muestra de ADN.
