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Guadalajara.— Javier desapareció el 1 de febrero de 2018, su familia lo buscó durante casi nueve meses y las autoridades de Jalisco tuvieron su cuerpo durante todo ese tiempo; su cadáver es uno de los cientos que fueron tratados con negligencia por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y sólo fue identificado por la presión social ejercida contra la administración del priista Aristóteles Sandoval tras el escándalo de los cuerpos apilados en cajas de tráiler.
De los asesinos de Javier nada se sabe, pero quienes lo desaparecieron fueron funcionarios cuyos nombres aparecen en la página 229 del informe especial presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras la crisis forense que revelaron los tráileres.
Alrededor de las 22:00 horas del 1 de febrero Javier, de 36 años, salió de la casa de sus padres en el centro de Tlaquepaque para ir con una amiga, pero ya no volvió. Por sus medios su familia ha logrado armar una parte de lo que ocurrió aquella noche: a las 23:00 horas alguien comenzó a llamarle sin éxito a su teléfono, más de 20 llamadas de un número desconocido están registradas en su línea.
Su teléfono dejó de funcionar a la una de la mañana del 2 de febrero y la última geolocalización que se obtuvo fue en la colonia Álamo Industrial; a las 3:00 horas fue asesinado con un tiro en la cabeza y el 3 de febrero su cuerpo fue localizado en la cajuela de su auto, abandonado sobre la carretera cerca del municipio de Tala.
Así comenzó la desaparición del cuerpo de Javier. Por eso, cuando su familia acudió a reportarlo en la fiscalía y fue a buscarlo al forense nadie pudo darles información; esa escena se repitió a diario durante tres meses.
“Cuando veíamos noticias sobre la aparición de cuerpos en algún lugar pensábamos en él y teníamos la esperanza de que no fuera así, de que tal vez lo tuvieran haciendo algo contra su voluntad, pero vivo”, recuerda una de sus hermanas.
Según el informe de Derechos Humanos de Jalisco, 81% de los cuerpos que se aglutinaron en el IJFC durante esta crisis forense son de personas que murieron violentamente.
INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL /
El jueves 25 de octubre llegaron al IJCF a las 11:00 de la mañana, el resultado del examen fue positivo, les mostraron una foto con la cicatriz de una operación de pulmón en la espalda; era el cuerpo de Javier. Se enteraron entonces que hacía más de nueve meses que estaba ahí.
“El carro también estaba en el corralón desde el día que lo encontraron y tampoco informaron de su hallazgo, a pesar de estar reportado como robado, incluso la aseguradora lo pagó”, recuerda la hermana de Javier.
“Perdón, no es cosa de nosotros, no es nuestra culpa”, fue la respuesta de los funcionarios que pretendían hacerlos volver al día siguiente para entregarles el cadáver.
“Todo cambió en mi familia, no hay día que mis padres no lloren, a mi papá le duele la espalda, creo que es la tristeza, no tengo explicación. Esto no tiene ningún sentido, estoy muy enojada por lo que pasó y lo que pasa en este país. De mi familia es el primero, pero ya es mucha gente, antes era el amigo del amigo del amigo, luego fue tu amigo, ahora fue mi hermano y tengo miedo de lo que pueda seguir”, dice la hermana de Javier.
