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Chilpancingo.— Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, activistas y feministas alistan la solicitud de la alerta de violencia de género por los matrimonios forzados de niñas, adolescentes y jóvenes de Guerrero.
La entidad tiene dos alertas decretadas por la Secretaría de Gobernación: una en 2017 por violencia feminicida, y otra en 2020, por agravio comparado por la resistencia de las autoridades para garantizar servicios médicos para las mujeres, pero, sobre todo, ante la negativa del Congreso a despenalizar el aborto.
Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, señaló que hacen falta estrategias, mecanismos y protocolos de los gobiernos federal y estatal para evitar los matrimonios forzados.
Gutiérrez Sotelo, quien es la promotora de la segunda alerta, explicó que actualmente ni la Federación ni el gobierno estatal tienen mecanismos para proteger y evitar que las niñas, adolescentes y jóvenes sean vendidas.
Indicó que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado presentó una estrategia en noviembre pasado, pero hasta el momento no hay claridad de en qué consiste.
Señaló que lo poco que se conoce es que la estrategia incluiría la aplicación de acciones convencionales, que ya existen, y no un mecanismo para atender una problemática específica.
“No es que estén mal las acciones, pero no son suficientes, Se necesita una metodología para atender este problema”, dijo.
También lamentó que el anuncio que hizo en julio de 2021 el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, sobre un programa piloto que aplicarían junto con Guerrero para “desincentivar” el matrimonio forzado con menores y el abuso sexual, haya quedado en el olvido.
Indicó que esta nueva solicitud para Gobernación reclama que se combatan de forma específica los matrimonios forzados.
Precisó que piden que con la alerta se realice un mapeo puntual de las localidades donde están ocurriendo estos matrimonios forzados; se establezca una metodología y un protocolo para la prevención, combate y erradicación de esta práctica, y que se obligue a llevar a cabo un trabajo interinstitucional por parte de las autoridades.
Señaló que la alerta le dará certeza a la atención de las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido obligadas a casarse.
La activista precisó que la solicitud es para que esta tercera alerta se declare para todo el estado y no sólo para municipios de la Montaña y la Costa Chica, donde se han documentado casos. Además, en la medida se solicita de manera explícita que sean atendidas las condiciones sociales de los pueblos para que las niñas, adolescentes y jóvenes tengan opciones de desarrollo.
“En muchos pueblos, las niñas son condenadas, no tienen acceso a la educación, ni a la salud, ni a trabajos dignos, están en la pobreza y en la marginación y eso las vulnera más”, dijo.
Se prevé que la solicitud se entregue a más tardar el viernes, ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en la CDMX.
