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Cuernavaca.— El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHMOR), Raúl Hernández, anunció la presentación de una iniciativa de ley en Morelos para garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La propuesta tiene como objetivo reconocer, garantizar y proteger el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Su iniciativa recibió el apoyo de la comisionada nacional del Conavim, Dulce Mejía, y de Érika Troncoso, directora de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud federal, en una reunión sostenida con el fiscal General del estado, Uriel Carmona.
“Tanto la Conavim como el sector Salud coincidieron en promover dicha iniciativa para que pueda ser impulsada por el Ejecutivo como preferente, para ser presentada en la apertura del periodo ordinario de sesiones, lo que permitiría ser discutida y votada por el pleno del Congreso en un plazo de 40 días naturales”, expuso en un reporte la Fiscalía General del Estado (FGE).
La iniciativa precisa que, actualmente, en Morelos se criminaliza el derecho de la mujer para interrumpir libremente su embarazo, lo que, a juicio de la CDHMMOR, es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, ya que las expone a riesgos para su vida y salud. La propuesta consiste en modificar la legislación penal y sanitaria para permitir que la mujer pueda interrumpir libremente su embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación sin sanción alguna por ello, sin más requisitos que su petición a los servicios de salud.
Asimismo, se propone establecer la obligación del Estado para brindar, en las unidades de salud pública, el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita, profesional y segura, así como garantizar que las mujeres que hayan sufrido violación, con la simple manifestación de haber sido víctimas de este delito, puedan interrumpir su embarazo sin mayores cuestionamientos.
En Morelos, el aborto provocado tiene una sanción de uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días de multa. Entre enero y julio de 2020, se han abierto cuatro carpetas de investigación por el delito de aborto.
