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Un tribunal colegiado revocó el amparo con que Raymundo García Chávez , magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, había logrado evitar el desafuero que solicitó la Fiscalía del estado para poder proceder en su contra por su presunto enriquecimiento ilícito .
En agosto de 2019, la Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local la declaración de procedencia contra García Chávez, considerado uno de los hombres de confianza del exgobernador Roberto Sandoval para procesarlo por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones, sin embargo, el funcionario logró obtener un amparo, otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil y Administrativo para detener el proceso en su contra.
Ante esta situación el diputado Leopoldo Domínguez González, entonces presidente del Poder Legislativo, interpuso un recurso de revisión que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado el pasado ocho de abril, revocando el amparo concedido por considerar que otorgar el amparo al magistrado provocaría un “perjuicio al interés social al permitir que la inmunidad o protección constitucional sirva para que los delitos puedan quedar impunes, lo que evidentemente va contra el interés de la colectividad”.
La investigación contra García Chávez comenzó el 14 de marzo de 2018, cunado se interpuso una denuncia en su contra y desde entonces la Fiscalía de Nayarit cateó 13 inmuebles propiedad del magistrado y aseguró 10 más; además se tienen constancia de que es dueño de 29 vehículos y se investigan sus cuentas bancarias.
En agosto de 2017 EL UNIVERSAL documentó que “Mundito” –como se le conoce al magistrado en Nayarit– posee al menos 13 propiedades en la capital del estado, todas ellas a nombre de su madre, Juventina Chávez Martínez.
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De esas propiedades, entre las que se encuentran terrenos en fraccionamientos privados y residencias, 10 fueron adquiridas el 12 de julio de 2013, según documentos obtenidos en la Dirección de Catastro de Tepic.
La investigación de la Fiscalía nayarita incluye la presunta participación de los padres del magistrado, Juventina Chávez Martínez y Raymundo García Guzmán, en el enriquecimiento ilícito.
Gracía Chávez desempeñó varios cargos en la administración estatal durante el gobierno de Roberto Sandoval; entre febrero y junio de 2017 ocupó un escaño en el Senado como suplente del priísta Manuel Cota, quien entonces solicitó licencia al cargo para competir por el gobierno de Nayarit.
Además, el exgobernador Sandoval otorgó a García Chávez una patente notarial en enero de 2016 y meses después impulsó su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, uno de los pocos cargos que conserva el fuero en la entidad tras la reforma aprobada por la actual legislatura estatal para eliminar esa figura.
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