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Por considerar que las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco el pasado 7 de abril para permitir a las personas trasn obtener documentos oficiales acordes a su identidad de género son regresivas al excluir a los menores de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) iniciaron una acción de inconstitucionalidad.
En el documento, que se puede consultar en el portal de la CNDH, se argumenta que al modificar el artículo 23 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco para permitir que personas mayores de edad puedan solicitar una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género, se excluyó a las personas menores de edad, “lo que lo que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal y de género, en perjuicio de las niñas, los niños, las y los adolescentes, pues no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto una limitante en razón de edad para el reconocimiento de su identidad de género”.
En octubre de 2020, ante el retraso del Poder Legislativo de Jalisco para armonizar las leyes locales y permitir los matrimonios igualitarios, el gobernador Enrique Alfaro emitió un decreto para ordenar a los oficiales del Registro Civil en Jalisco a celebrarlos y en el mismo documento abrió la puerta para que toda persona trans, incluyendo menores de edad –con la venia de sus padres o tutores–, pudieran realizar el cambio de acta de nacimiento para que fuera acorde con su identidad de género.
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Sin embargo, al modificar la ley, los diputados locales decidieron restringir ese derecho para que sólo las personas mayores de edad pudieran hacerlo; en ese momento, a pesar de celebrar las enmiendas a la constitución local, algunos colectivos defensores de los derechos de la comunidad LGBTI+ señalaron que la medida representaba un retroceso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a tramite esta acción promovida por las defensorías y el Congreso de Jalisco recibió la semana pasada la notificación.
ayef
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