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Cuernavaca.— Con la cancelación de la pena de muerte en California, Estados Unidos, el morelense Víctor Manuel Miranda Guerrero libró la pena capital. Ahora sus abogados pedirán el cambio de sentencia y la consideración de los años purgados en prisión, afirmó Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, con sede en Las Vegas.
Castro Zavala afirmó que con la disposición del gobernador Gavin Newsom se salvaron otros 40 connacionales, y agregó que la “intervención divina” del papa Francisco fue decisiva, así como las reuniones con el propio gobernador californiano.
El presidente de la confederación internacional agradeció los encuentros con integrantes del Senado y congresistas de Estados Unidos y México, con Amnistía Internacional y otras organizaciones para que el pasado 13 de marzo, Newsom firmara una orden de suspensión sobre la aplicación de la pena de muerte en el estado y con ello se anularan las normas para inyecciones letales que habían sido objetadas por grupos civiles.
“La muerte intencional de una persona es inmoral y como gobernador no supervisaré la ejecución de ningún individuo. La aplicación de la pena de muerte ha sido un fracaso que ha discriminado a presos que son mentalmente discapacitados, afroamericanos o hispanos o que no pueden pagarse a un abogado, además de que muchas veces personas inocentes son convictas y ejecutadas”, dijo el gobernador de California, el estado con más condenados a muerte (737) de EU.
Castro Zavala señaló que si bien la condena a muerte tanto del morelense como de otros 40 mexicanos fueron suspendidas, ahora buscan la intervención de la Comisiones de Relaciones Exteriores y de Migrantes de la Cámara de Diputados para revisar de nueva cuenta los casos y pugnar por su libertad, como el caso de Miranda Guerrero, acusado de homicidio y sentenciado sin un proceso adecuado.
Asimismo, el presidente de la confederación recordó que viajó en tres ocasiones al Vaticano para solicitar la intervención del máximo jerarca de la iglesia católica, quien finalmente el año pasado se pronunció en contra de la pena de muerte.
También hizo alusión a la postura similar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien, durante una de las ruedas de prensa matutina, un periodista le leyó la carta de Édgar Tamayo, oriundo de Miacatlán, Morelos, ejecutado en enero de 2014.
El caso de Víctor Manuel comenzó a finales de la década de los 90, cuando partió a Estados Unidos ante los bajos ingresos que obtenía, primero como taxista y luego como productor de cinturones.
En el año 2000, y con 20 años, fue acusado de robo, violación y asesinato en agravio de la ciudadana Bridgett Elizabeth Ballas.
