Por primera vez desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en 2004, la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó cuentas bancarias de 26 personas por tráfico de migrantes.
Informó que la Unidad antilavado procederá a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La acción de la UIF se da en medio de las amenazas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a México por no detener el paso de migrantes hacia su país.
La UIF actuó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas agencias del gobierno mexicano, siguiendo la ruta de las caravanas de migrantes hacia México desde octubre de 2018 a la fecha, así como del flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional, se informó.
Hacienda detalló que las cuentas bancarias congeladas corresponden a diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización de caravanas.
Precisó que se identificó a un grupo de personas que en el periodo de paso de las caravanas migrantes hacían operaciones inusuales a distintos países desde Chiapas y Querétaro.
También se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con base en esa metodología se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, apuntó la SHCP, ya que se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra, advirtió.
De esa manera es que la UIF determinó incluir a 26 personas en la Lista de Personas Bloqueadas por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes.
Al estar en dicha lista, las entidades del sistema financiero tienen la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con esas personas señaladas.
Con estas acciones, la SHCP señaló que se refrenda la política de combatir de frente las estructuras económicas de los traficantes de personas, pero siempre garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, considerando su situación de vulnerabilidad y el máximo reconocimiento de su dignidad.
