Cuernavaca.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusó una red de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para liberar a excolaboradores del exmandatario Graco Ramírez , luego de trascender que dos jueces votaron a favor de revocar la vinculación a proceso a la exsecretaria de Obras Públicas , Patricia Izquierdo Medina, acusada de ordenar la adjudicación directa de una obra por más de 75 millones de pesos, cuyo procedimiento requería de licitación pública.
“La corruptela entre jueces y lo voy a decir textual como es, como la magistrada presidente (María del Carmen Verónica Cuevas López), es lo que dejó en libertad a la extitular de la Secretaría de Obras, Patricia Izquierdo”, afirmó el gobernador.
El mandatario estatal recriminó los esfuerzos de su administración para fincar responsabilidades a “estos personajes que le hicieron mucho daño, para que caigan, pero pasó y va a seguir pasando; interponemos las denuncias y ellos los dejan salir”. Adelantó que acudirá al gobierno federal para que analice el caso.
La Fiscalía Anticorrupción conoció el fallo de los magistrados e informó que analiza con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado la estrategia legal a seguir.
El 6 de mayo pasado, una jueza vinculó a proceso a Patricia Izquierdo por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones con los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, pero los magistrados Rubén Jasso Díaz y María del Carmen Aquino Celis, ambos cercanos a la magistrada presidenta, votaron a favor de revocar la resolución de la juzgadora.
El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto particular en contra y expuso que no compartía el proyecto presentado por Jasso ya que consideraba que efectivamente la imputada incurrió en un delito al adjudicar de manera directa la obra, cuyo acto requería de licitación pública por el monto de la misma.
Subrayó que era incongruente que el proyecto señalara que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas se refiere a las facultades y obligaciones de la dependencia y no de su titular.
“Sin lugar a dudas, la imputada tenía la responsabilidad en su caso, de advertir y ordenar se licitara la obra pública denominada demolición y construcción de un edificio U1-C en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, con número de folio 17USU0026F, esto para no incurrir en responsabilidad, lo cual, no hizo (...)”, declaró.
La ley referida establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos por lo que la obra en mención debió ser licitada y no adjudicada de forma directa a una empresa de las denominadas fantasma, es decir, que no existe, agregó.
Arenas Ángeles calificó de incongruente dejar vinculados a proceso a Gonzalo "N", exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento, y Hugo "N", exdirector general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio, ya que su superior jerárquico era Patricia Izquierdo y ella debió tener conocimiento de lo que estaban aprobando.
Sobre el tema, el gobernador Blanco Bravo reiteró la presunta colusión de los jueces “con gente mala” y dejó entre ver la posibilidad de que más imputados sean puestos en libertad a pesar de las pruebas presentadas contra los exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez, principalmente por el delito de desvío recursos.
Desde el año pasado, la actual administración estatal lleva más de 60 denuncias contras el exgobernador Graco Ramírez y sus excolaboradores pero hasta ahora ninguno ha prosperado.
afcl
