En el contexto de la discusión que tendrán mañana los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la reforma local que estipula la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señala que los mayores “beneficiados con un gobierno de mayor extensión serán los ciudadanos”.
Si determinan que el gobierno sea de dos años, el mandatario hará grandes tareas, pero si lo dejan que sea de cinco va a revolucionar Baja California, para ser una entidad modelo (…) El gobernador hizo una promesa de ‘100 compromisos para estar al cien’, de los cuales ya lleva 59, pero hay otras 50 acciones que no estaban en esa lista y que se han llevado a cabo cabalmente”.
No obstante, Amador Rodríguez, aclara que sea cual sea la decisión de la SCJN, será respetada por Bonilla. “El gobernador no está preocupado por ese tema, los ministros harán su trabajo. Para él la prioridad es la gente, la contingencia sanitaria, las 25 mil despensas que entregamos a diario y el alto a la corrupción en favor de la ciudadanía”.
A seis meses de haber iniciado la gestión de Jaime Bonilla Valdez, en Baja California, Amador Rodríguez, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que entre los primeros logros del actual mandatario se encuentran la disminución de salarios a funcionarios, la reducción de la nómina estatal para aplicar mejor los recursos a la ciudadanía y, sobre todo, el combate a la corrupción.
“La corrupción estaba terrible en todos los sentidos, el gobernador ha asumido eso como un reto. La seguridad, por otra parte, también era un tema mayor, se han trabajado más de 70 iniciativas por el Congreso local, que también ha sido un gran apoyo para transformar normas, procedimientos e instituciones”, señala.
De acuerdo con Rodríguez Lozano, el más reciente ejemplo de las acciones de gobierno en favor del progreso de la entidad son las relacionadas contra quien encabezó la pasada administración.
“Entre las acciones más importantes están las que tienen que ver con las denuncias contra el exgobernador Kiko Vega, que primero fueron por mil 200 millones de pesos, pero ya se ampliaron a 400 millones de pesos más por una Estafa maestra local, que incluye desvíos de recursos al contratar empresas fantasma y asesorías que no se dieron”.