Mexicali.— El gobierno de Baja California obtuvo una calificación de 100% en la evaluación del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Así lo informó la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), quien aseguró que ese promedio se logró por las acciones estratégicas para acercar la información pública a la ciudadanía.
Dijo que desde el inicio de su administración, en noviembre de 2021, se han aplicado los mecanismos necesarios para que las personas puedan consultar la información presupuestaria, lo que permite que se tenga acceso público a la distribución del recurso y se previenen prácticas ilícitas.
En su momento, Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda del gobierno estatal, expresó que el Imco reportó que Baja California logró obtener dicha calificación, tras la medición de 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones.
Acceso público; estructura y datos abiertos; poderes y secretarías; recursos a municipios; tabuladores/plazas; deuda pública; recursos federales; recursos a municipios; subsidios, fidecomisos y otros; y reasignación de excedentes.
El funcionario estatal precisó que el Presupuesto de Egresos 2023 en Baja California contempla 73 mil 172 millones de pesos, de los cuales 65 mil 636 millones son para el Poder Ejecutivo, mil 73 millones para el Poder Legislativo y mil 619 millones para el Poder Judicial.
Además, explicó que en el informe del Imco se consigna que, derivado de la correcta administración y saneamiento financiero, Baja California se encuentra en semáforo verde dentro del sistema de alertas, debido a que la Secretaría de Hacienda se ha apegado a los lineamientos instruidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), el cual tiene por objetivo transparentar y armonizar el reporte de las finanzas públicas en todas las entidades.
También el secretario refirió que con la instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se continuará con el impulso de las acciones para mantener un gobierno de datos abiertos, transparente, y de cara a la gente, con cero tolerancia a la opacidad y a los actos de corrupción.