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La ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla (Morena), ya tuvo repercusiones a nivel nacional.
La reforma votada la noche del lunes por el Congreso de Baja California para que el gobierno de Bonilla Valdez tenga una duración de cinco años y no de dos, como se había establecido, fue repudiada ayer por senadores y diputados federales de Acción Nacional (PAN).
La senadora Kenia López Rabadán afirmó que su partido descalifica de manera rotunda a los diputados del PAN que votaron a favor de esa decisión, que calificó a todas luces inconstitucional.
Por su parte, Damián Zepeda Vidales acusó que “todo el Congreso de Baja California está corrompido, podrido”, y advirtió que dejar pasar esa decisión abriría el camino para que luego Morena vaya por la ampliación de los seis años de López Obrador a 15.
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas escribió en Twitter: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo”.
El tres veces candidato presidencial consideró que “aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”. Agregó que, en su opinión, los “bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo”.
En tanto, la Comisión Nacional de Ética del PRI emitió un extrañamiento a sus diputados de Baja California y solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que aplique las sanciones que procedan.
Amenazan con veto. El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, advirtió que no publicará en el Periódico Oficial la modificación del artículo Octavo del decreto 112, que amplía la siguiente gubernatura, y que fue aprobada por tres de los cinco Cabildos de la entidad.
“Todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura de dos años. A los candidatos, partidos políticos y ciudadanos les asiste el derecho de utilizar los instrumentos jurídicos existentes para manifestar su desacuerdo y enfrentar su decisión”, escribió el gobernador en sus redes sociales.
Sin embargo, el veto del gobernador no detiene la reforma ya que, de acuerdo con las leyes locales, el mandatario tiene 15 días para publicarla en el Periódico Oficial, de lo contrario lo puede hacer el Congreso.
Las votaciones, tanto en la Legislatura local como en los ayuntamientos, se han llevado a cabo en sesiones extraordinarias y a puerta cerrada. Incluso, en el caso de los diputados, en secreto, es decir, sin externar públicamente el sentido de su sufragio ni la argumentación de su decisión.
En Tijuana, ayer la Coparmex de Baja California anunció que alista un juicio de amparo dentro de su estrategia legal para revertir la reforma constitucional. Roberto Rosas Jiménez, presidente local del organismo, precisó en rueda de prensa que el cambio constitucional podría sentar un mal precedente a nivel nacional.
***Con información de Gabriela Martínez, Juan Arvizu y Suzzete Alcántara
