La Paz.— Un huracán y un año de presión de activistas reveló la falta de ordenamiento de la bahía de La Paz, Baja California Sur, que se ha convertido en un cementerio de yates y lanchas varadas, muchos de ellos de extranjeros que no han sido localizados o que no han sido presionados para retirar sus embarcaciones afectadas.
La Secretaría de Marina reveló apenas en abril pasado, en una solicitud a transparencia, que el huracán Norma que azotó con ráfagas de 210 kilómetros por hora el 21 de octubre de 2023 dejó 73 embarcaciones afectadas en alguna medida o simplemente abandonadas o varadas: cinco lanchas, 10 yates, 47 veleros, nueve catamaranes y dos trimaranes.
No obstante, en un levantamiento reciente con GPS, la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur reveló que se contabilizaron hasta 123 embarcaciones fondeadas, hundidas y varadas, algunas de ellas incluso desde antes del ciclón.
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Retiro de embarcaciones
Casi un año les tomó a las autoridades de Baja California Sur organizarse, acordar y empezar apenas el pasado 27 de agosto el retiro de algunas de estas embarcaciones.
“Hubo reuniones en Capitanía de Puerto en donde los propietarios se acercaron y dieron sus opiniones junto a autoridades, ¿pero por qué hasta ahora? No es fácil convocar, opinar, analizar y decidir, y hasta hoy se dieron las cosas, favorablemente”, justificó en una entrevista Fernando Hoyos Martínez, gerente de Protección y Vigilancia de API BCS.
El funcionario añadió que se conformó un comité integrado por diversas instituciones federales y locales y se acordó iniciar el retiro de embarcaciones, “cada institución tiene un porcentaje de responsabilidad”, comentó.
Aseguró que la API adquirió bolsas de reflotado y retirarán de la bahía las embarcaciones que están semihundidas, pues representan un riesgo incluso para embarcaciones que circulan en la zona o las que arriben al puerto.
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Al mismo tiempo trabajan en el comité de ordenamiento para ubicar a los dueños de embarcaciones abandonadas y a los que sí están presentes. Y es que dijo que incluso debe tenerse certeza del registro legal de estas, pues “podría haber [embarcaciones] con reporte de robo en otro país” y desconocerse. Este trabajo de ordenamiento, afirmó, no es exclusivo de BCS.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, cuestionado sobre el tema en el transcurso de estos meses, sostuvo que no era competencia ni de la Secretaría de Marina, ni del gobierno del estado ni del ayuntamiento; sino debían los propietarios y las aseguradoras asumir la responsabilidad y recalcó no tener recursos enfrentar las maniobras.
“Es un proceso de las aseguradoras y de los dueños que no aparecen, pues es costoso sacar las embarcaciones para el gobierno del estado. Ni al gobierno del estado ni al municipal nos corresponde, incluso ni a la Marina, pero si no aparecen los dueños, vamos a plantearlo en la mesa de seguridad”, declaró semanas después del huracán.
En respuesta, activistas de la organización Mar Libre y Metiches por Naturaleza, arrancaron una campaña denominada A mover el bote, buscaron donaciones y junto con artistas locales comenzaron a realizar murales para visibilizar aún más los barcos abandonados y posteriormente a removerlos.
Desde el pasado mes de mayo a la fecha han removido por su cuenta cerca de una decena de yates.
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Y es que detectaron que algunas embarcaciones varadas en la playa se convirtieron en “baños públicos”, siendo un foco de infección y riesgo también para la ciudadanía.
Pablo Ahuja, de Mar Libre, y Arturo Hernández, de Metiches por Naturaleza, hicieron un recorrido por la bahía de La Paz y detectaron el yate de lujo Ricacha que se hundió tras el embate del huracán Norma y posteriormente emergió. Recorrieron el interior y mostraron la cantidad de desechos acumulados y exigieron a las autoridades atender el problema.
Tras la exhibición y la presión ciudadana, autoridades del estado y del municipio finalmente anunciaron a través de la Dirección de Turismo de La Paz que actuarían en el retiro a partir del pasado mes de agosto.
Emitieron un aviso firmado por las autoridades federales, estatales y municipales: Semar, Semarnat, Profepa, API, el gobierno de estado y ayuntamiento de La Paz, en donde pusieron como fecha límite a los dueños de barcos abandonados retirarlos antes del 26 de agosto, en caso contrario, serán trasladadas todas a un espacio de resguardo y se entregarán tras cubrir los gastos de traslado y acreditar la propiedad.
Con todo, ninguna autoridad ha definido si impondrán multas o algún tipo de sanción a los dueños, muchos de ellos extranjeros, que no han sido localizados o que no han querido reclamar sus embarcaciones abandonadas.
Daño ambiental
Organizaciones civiles han presionado por que se aclare además del número total de embarcaciones, si existe o no un daño ambiental en la bahía por este “cementerio”.
Y es que, desde el embate del huracán, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) región Noroeste, advirtió la necesidad de informar sobre los posibles daños ambientales a la bahía.
Mario Sánchez Castro, director de este centro especializado en defensa ambiental, declaró a EL UNIVERSAL que desde el mes de noviembre presentaron una denuncia ciudadana para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionara la zona, luego de que se observaran derrames de hidrocarburos.
La Profepa respondió de forma inmediata y negativa, pero sin presentar estudios, lo que provocó sospechas y persisten las dudas sobre las posibles afectaciones.
“Hoy por hoy no tenemos certeza sobre el daño ambiental. El tema quedó zanjado muy rápido y sin mostrar mayores elementos. Nunca se hicieron públicos documentos para garantizar que no hay un daño ambiental. Si hicieron estudios, no los mostraron”, expuso el abogado.
“El tema no es menor, pues la bahía no solo es un sitio de interés turístico, sino brinda servicios ambientales. La ensenada de La Paz es un hábitat de especies protegidas, como tortugas y delfines, incluso conecta con la zona del tiburón ballena, además de ser sitio de producción pesquera y acuícola”, explicó Sánchez Castro.
Ordenamiento de la bahía
María Fernanda Meza, directora de comercialización y operaciones de Administración Portuaria Integral (API) indicó que se seguirá trabajando en el ordenamiento de la bahía, con reuniones con propietarios de embarcaciones para tener un registro actualizado y prevenir un problema similar, pues gran parte del problema, según ha insistido el propio gobernador, es que no han podido localizar a muchos de los dueños de los barcos dañados.
En opinión de Mario Sánchez (Cemda), la presión ciudadana hizo que las autoridades voltearan a ver este tema; sin embargo, aún quedan muchas dudas.
“No debería poder llegar una embarcación a la ensenada de La Paz, bajar el ancla y así, sin supervisión ni nada, quedarse. El resultado de estos esfuerzos ciudadanos hizo que voltearan a ver el tema y se observara que no se habían emprendido acciones como las que hoy se están haciendo”, comentó Mario Sánchez.