Chilpancingo, Guerrero
La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Miguel Ríos Ney viajaba en el autobús del equipo Los Avispones cuando en el crucero de Santa Teresa recibió cinco balazos, uno en la pierna, otro en la rodilla, dos en el estómago y uno más en el codo.
Por ese ataque, Miguel ha pasado por un proceso largo de rehabilitación que incluye cinco cirugías. Durante más de cuatro años estuvo yendo cada semana a terapias dolorosas. Intentar reactivarle el nervio cubital que rompió la bala que le impactó en el codo fue tortuoso. Al final no pudieron. Su mano izquierda tiene un movimiento parcial, dos dedos están inmóviles. Y su rodilla no resiste las jornadas de un atleta.
Miguel concluyó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Futbol del equipo Pachuca. Para lograrlo, él y su familia estuvieron al límite. Terminaron llenos de deudas, principalmente, por el incumplimiento del gobierno federal en el pago de la beca.
Ahora, atiende un negocio que montó con ayuda de sus padres: vende pintura en un poblado de Guerrero. Intenta rehacer su vida, después de que su sueño de ser futbolista profesional quedó truncado por una bala que le atravesó la rodilla.
Miguel, con el apoyo de su familia, mantienen dos luchas constantes desde la noche trágica: su rehabilitación y la exigencia para que el Estado reconozca que es víctima de una violación grave a los derechos humanos. Las dos han sido costosas y agobiantes.
Tuvieron que demandar a las instituciones y apenas en 2018 lograron que un juez obligara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a reconocerlo como víctima.
El reconocimiento no fue casual, el resultado de una prueba de balística determinó que una ojiva que impactó en Miguel salió de un arma a cargo de un agente de la policía de Iguala.
En la recomendación 15VG/2018 emitida por el caso Ayotzinapa, la CNDH precisa que 20 casquillos calibre .223 localizados en el crucero de Santa Teresa procedieron de armas de la policía de Iguala. Al menos dos casquillos salieron de fusiles semiautomáticos marca Beretta modelo SCP 70/90 con series A-12062G y A-24801G a cargo de los agentes de Iguala Salvador Herrera Román y Raúl Cisneros García, respectivamente, de acuerdo con la asignación del armamento de la corporación, como lo documentó la CNDH.
La comisión también documentó la localización de casquillos de armas asignadas a la policía de Huitzuco en el crucero de Santa Teresa.
Para Miguel y su familia el reconocimiento apenas fue el primer paso. Ahora están en una disputa legal con la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas (CEAV) para que acate lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó: darles una indemnización adecuada.
Promesas incumplidas
La noche del 26 de septiembre, a Miguel lo recogió su papá de la maleza cuando temblaba de frío y se resistía por no quedarse dormido. Una hora antes, había debutado como futbolista de tercera división, entró los últimos 20 minutos como defensa central. Esos han sido los únicos minutos dentro de una cancha jugando en plenitud física.
Ahora, juega en un equipo amateur en el pueblo donde vende pinturas. Lo hace sabiendo que después le vendrá un dolor insoportable en la rodilla.
Como casi todo el asunto Ayotzinapa, el tema de la reparación de los daños ha está plagado de irregularidades. En el caso de Miguel, inicialmente la indemnización consistió en el pago de 600 mil pesos, la inscripción al Seguro Popular para su rehabilitación, el ingreso de su madre al programa Prospera, el pago de una beca en la Universidad del Futbol del equipo Pachuca y la entrega de un departamento.
Todas esos apoyos han sido a medias. Primero, explica don Miguel, no lo inscribieron al Seguro Popular porque el servicio era sólo para atender el cuadro básico de enfermedades y no una rehabilitación; la beca fue cubierta año y medio, los dos años y medio restantes, la familia se hizo cargo: pagar 22 mil pesos mensuales les generó deudas que siguen vigentes. Y el departamento que le entregaron, hace dos años fue reclamado por el Infonavit porque la Sedatu nunca cubrió el costo. Lo siguen utilizando, pero no tienen ninguna certeza legal del inmueble.
En cuanto a la beca, don Miguel explica que al año y medio los directivos de la escuela le informaron que no podían seguir cubriendo el costo. Para que continuara le propusieron que hiciera sus estudios en un sistema a distancia y lo pasarían a tercera división. La familia no aceptó.
“Nosotros no queríamos truncarle el sueño de ser futbolista, él ya se había adaptado al equipo y a la escuela y que lo pasaran a tercera pues sí era un retroceso”, dice.
Así que decidieron absorber el costo: 22 mil pesos mensuales, para que Miguel estudiara Administración de Empresas y jugara en el equipo de segunda división. Un día, Miguel les dijo a sus padres que ya no se preocuparan, que sólo se iba a dedicar a estudiar. Entonces se graduó y ahora montó un negocio.
Sin embargo, las deudas continúan. Ahora pagan abogados para que la CEAV atienda la resolución de la SCJN y adecue la indemnización.
“Los 600 mil pesos que nos dieron nunca fueron suficientes, en la rehabilitación, en la que le hicieron cinco cirugías, gastamos más de un millón y medio”, calcula.
Pero lo peor, dice el padre de Miguel, el ataque nos dejó otro problema: no vivimos tranquilos. “Cada vez que nos marca Miguel por el celular es mucho nervio, cuando lo balacearon él fue el que nos avisó”.
