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Cuernavaca.— El fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, presentó ante el Congreso local una solicitud de procedencia, para formación de causa penal en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por los delitos de peculado y cohecho.
“Vamos a recurrir ante un juez de primera instancia y pedir que sea citado y que le hagamos la formulación por cada uno de los delitos que se encuentran acreditados”, dijo Salazar Núñez.
Ayer por la mañana, el fiscal anticorrupción entregó la solicitud de procedencia ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios. Este mismo día quedó debidamente ratificada.
La institución precisó que según la Constitución de Morelos, para proceder en contra de un alcalde por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no requerirá la Declaratoria del Congreso, pero la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos sí establece que se necesitará dicha declaratoria.
En julio pasado la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción informó que el edil acumuló una segunda denuncia en su contra por la posible comisión de los delitos de peculado, intimidación y abuso de autoridad.
Con antelación, la fiscalía inició una investigación contra el alcalde morenista y cinco funcionarios municipales, por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.
En paralelo, la mayoría legislativa del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para instruir a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización practicar una auditoría especial al ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 y el primer semestre de 2020, para detectar presuntas irregularidades que provocaron la crisis que enfrenta la comuna.
En el caso de la solicitud de procedencia para formación de causa penal, se informó que la Secretaría de Servicios Legislativos dará cuenta al pleno de esa solicitud, en la sesión que probablemente se realizará el jueves.
Luego, la Junta Política y de Gobierno analizará si la solicitud cumple con los requisitos de la ley referida, y en ese supuesto, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado actuará como comisión instructora del procedimiento, notificando al alcalde y dándole vista por el término de cinco días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
En su caso, el dictamen en sentido positivo sería turnado al pleno para su discusión y votación. La solicitud declarada procedente, produce que el funcionario quede suspendido de su encargo y a disposición de la autoridad común competente, precisó la fiscalía anticorrupción.
